La obra de María Teresa Molino García constituye una investigación histórica dedicada a comprender qué ocurrió con la encomienda en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII. La autora no se limita a narrar acontecimientos, sino que analiza la institución desde sus dimensiones políticas, económicas, sociales, demográficas y jurídicas, utilizando una amplia documentación colonial.
La encomienda había nacido durante la conquista con un doble propósito: recompensar los servicios prestados por conquistadores y pobladores, y contribuir a la cristianización de los indígenas. Con el paso del tiempo, sin embargo, aquella institución fue transformándose y perdió buena parte de las características que había tenido en sus primeros siglos.
Para el siglo XVIII, la encomienda consistía fundamentalmente en la cesión al encomendero de determinados tributos indígenas, pero no significaba que este fuera propietario de las tierras de los indígenas. La Corona conservaba la jurisdicción sobre los pueblos y procuraba impedir que el encomendero confundiera el derecho a recibir tributos con la propiedad territorial.
La Corona española mantuvo durante siglos una política contradictoria. Por un lado, buscaba reducir y finalmente eliminar las encomiendas para fortalecer el poder real y aumentar sus ingresos; por otro, en determinadas circunstancias las conservaba, porque sus rentas podían servir para financiar la defensa de los territorios americanos. Esta tensión explica muchas de las disposiciones aparentemente contradictorias del siglo XVIII.
La autora destaca que las reformas borbónicas aumentaron la tendencia centralizadora de la monarquía. La Hacienda Real necesitaba recursos y la encomienda aparecía como una renta susceptible de ser incorporada a las arcas de la Corona. De esta manera, la institución fue perdiendo progresivamente su antiguo carácter de recompensa a los conquistadores y sus descendientes.
Uno de los antecedentes fundamentales fue la legislación del siglo XVI, especialmente las Leyes Nuevas de 1542. Estas intentaron limitar el poder de los encomenderos, eliminar los servicios personales y fortalecer la autoridad de la Corona sobre los indígenas. Sin embargo, los encomenderos consiguieron revertir algunas de esas disposiciones y mantener durante generaciones sus beneficios.
La Recopilación de Leyes de Indias de 1680 consolidó una concepción más restringida de la encomienda. El encomendero recibía esencialmente el usufructo de una renta tributaria, mientras los indígenas permanecían bajo la jurisdicción de las autoridades reales. El sistema estaba sometido a controles, obligaciones religiosas y otras cargas que limitaban jurídicamente al beneficiario.
Al entrar el siglo XVIII, la población indígena encomendada había disminuido considerablemente. El prólogo del libro señala que mientras en Yucatán los indígenas encomendados superaban los cuarenta mil, el área central neogranadina apenas reunía unos tres mil. En las provincias costeras, además, la institución desapareció mucho más rápidamente.
Molino García divide el territorio estudiado en tres grandes regiones encomenderas: Cartagena y Santa Marta, consideradas regiones costeras, y la región central del Nuevo Reino, que comprendía jurisdicciones como Santa Fe, Tunja, Antioquia, Neiva y Mérida. Esta división permite observar que la encomienda tuvo comportamientos muy diferentes según la región.
En Santa Marta y Cartagena predominaban las encomiendas pequeñas, mientras que en la región central alcanzaron mayor volumen y duración. Tunja y Santa Fe fueron los grandes núcleos de supervivencia de la institución, hasta el punto de que algunas encomiendas llegaron a principios del siglo XIX. En cambio, las provincias costeras experimentaron una desaparición mucho más temprana.
En este contexto aparece una referencia histórica de especial interés para Villanueva. El libro menciona expresamente la encomienda de los pueblos de Santo Tomás de Villanueva y San Isidro de la Sierra, ubicados en la jurisdicción de la ciudad del Valle de Upar, perteneciente entonces a la gobernación de Santa Marta.
La referencia resulta particularmente significativa porque demuestra que el nombre Santo Tomás de Villanueva aparece en documentación colonial vinculada con el territorio del Valle de Upar. La autora explica que la encomienda tenía un número muy reducido de indígenas y que, por esa razón, la Corona ordenó que las encomiendas pequeñas fueran agregándose hasta alcanzar una cantidad determinada de tributarios.
La documentación citada por Molino García permite precisar todavía más ese dato: en el cuadro de población encomendada en Santa Marta, Santo Tomás de Villanueva y San Isidro de la Sierra aparece en 1698 con seis tributarios, bajo la encomienda de Roque Matías de Alba y Miranda. Es una cifra pequeña, pero históricamente muy significativa porque deja constancia documental de la existencia de ese pueblo en el ámbito del Valle de Upar.
La misma referencia vuelve a aparecer cuando la autora analiza las medidas de la Corona de comienzos del siglo XVIII. Una carta del gobernador de Santa Marta, fechada el 2 de agosto de 1702, informa sobre el cumplimiento de las órdenes reales relativas a las encomiendas y menciona expresamente la confirmación de Santo Tomás de Villanueva y San Isidro de la Sierra a Roque Matías de Alba y Miranda.
La disposición relacionada con Villanueva tenía una finalidad concreta: las encomiendas demasiado pequeñas debían agregarse hasta alcanzar aproximadamente cincuenta indígenas tributarios. El caso de Santo Tomás de Villanueva sirve así a la autora como ejemplo de una política colonial que pretendía hacer económicamente viables unas encomiendas que, debido a la reducción de la población indígena, habían perdido buena parte de su antiguo rendimiento.
El libro aporta además otro dato revelador sobre la situación demográfica de aquella región. La encomienda de San Nicolás del Cañaveral, en el Valle de Upar, contaba con 23 tributarios en el registro utilizado por la autora. Esto permite observar que las encomiendas de esa jurisdicción eran, en general, pequeñas frente a las grandes encomiendas existentes en Santa Fe y Tunja.
La situación de Villanueva debe entenderse dentro de un proceso mucho más amplio de disminución de la población indígena. El libro muestra que muchas encomiendas costeras no alcanzaban el número mínimo requerido por la Corona y por ello eran agregadas unas con otras o pasaban a ser administradas directamente por funcionarios reales. En consecuencia, disminuía simultáneamente el número de encomiendas y el número de encomenderos.
En materia económica, la encomienda tenía como centro el tributo. En Santa Marta, los indígenas podían pagar en dinero y en determinadas especies, mientras que las cargas también incluían obligaciones relacionadas con la doctrina religiosa. Para la encomienda de Santo Tomás de Villanueva y San Isidro de la Sierra, el cuadro documental registra una demora de 24 pesos y una tasa de cuatro pesos por indio, según la información presentada por la autora.
La Corona dio nuevos pasos hacia la desaparición de la institución. En 1717 ordenó la supresión de las encomiendas que quedaran vacantes, y en 1718 dispuso que numerosas encomiendas se incorporaran a la Real Hacienda. La razón principal era fiscal, aunque también se argumentaba que ya no existían las circunstancias originales que habían justificado las antiguas mercedes concedidas a conquistadores y pobladores.
Sin embargo, la desaparición no fue inmediata. Las familias encomenderas intentaron conservar sus derechos y algunos virreyes y gobernadores continuaron solicitando o utilizando facultades para conceder encomiendas. En 1769, por ejemplo, la Corona volvió a reconocer temporalmente al virreinato del Nuevo Reino de Granada ciertas facultades relacionadas con ellas, alegando las particulares condiciones económicas del territorio.
La investigación muestra finalmente que la encomienda se convirtió en un elemento de prestigio social, incluso cuando sus beneficios económicos eran cada vez menores. Los encomenderos pertenecían a sectores privilegiados de la sociedad colonial y varias familias enlazaron sus intereses mediante matrimonios y sucesiones. La autora señala que en Santa Marta y en la región central existieron verdaderas redes familiares de encomenderos.
En síntesis, el libro permite comprender que la encomienda fue mucho más que un mecanismo de tributación: fue una institución que marcó la organización social, económica y política del Nuevo Reino de Granada durante siglos. Y para la historia de Villanueva, la mención de Santo Tomás de Villanueva, asociado al Valle de Upar y documentado con seis tributarios en 1698, constituye un apunte histórico de enorme interés. No prueba por sí sola todos los detalles sobre el origen y fundación de la actual Villanueva, pero sí demuestra que el nombre Santo Tomás de Villanueva estaba presente en la documentación colonial de esa jurisdicción y ofrece una pieza documental importante para reconstruir la historia antigua del municipio.
