En las elecciones regionales celebramos al gobernador o al alcalde ganador y casi olvidamos a quien quedó de segundo. Sin embargo, ese candidato tiene un premio que muchos ciudadanos desconocen: el derecho a sentarse en la asamblea departamental o en el concejo municipal. ¿Para qué le sirve esa silla a la comunidad?
Empiezo por explicar de dónde viene. En 2015, con la reforma conocida como de “equilibrio de poderes”, se modificó el artículo 112 de la Constitución. Luego, en 2018, la Ley 1909, llamada Estatuto de la Oposición, reglamentó que quien obtenga la segunda votación para gobernación o alcaldía tiene el “derecho personal” a ocupar una curul en la corporación respectiva. Tiene apenas 24 horas para decir, por escrito y sin posibilidad de arrepentirse, si la acepta o no.
La idea detrás de esta norma es valiosa. En una elección de gobernador o alcalde, el ganador se lo lleva todo, y los votos de quienes apoyaron al perdedor quedan sin voz. Con esta curul se busca que esa ciudadanía tenga un representante adentro, alguien que conozca a fondo el programa del ganador y que esté en condiciones de vigilarlo, cuestionarlo y presentar alternativas. En teoría, el segundo en votación es el candidato natural para ejercer el control político.
Pero aquí viene lo que observo en muchas asambleas y concejos del país. El segundo llega a la corporación y, en pocos meses, se convierte en uno más de la coalición del gobernante. Los proyectos del gobernador o del alcalde se aprueban por unanimidad, sin debates de fondo, sin constancias, sin un solo voto en contra. Y el ciudadano que votó por ese candidato precisamente porque quería un cambio se pregunta, con razón, para qué sirvió su voto.
¿Esto es ilegal? No. Y es importante que la comunidad lo entienda. La ley no obliga a quien queda segundo a asumir el rol de oposición. Le dio una curul por sus votos, pero dejó en manos de su partido la decisión de declararse de gobierno, independiente u oposición. Es decir, popularmente la llamamos “la curul de la oposición”, pero jurídicamente no lo es. Si el partido del segundo decide sumarse al gobernante, la curul se va con él, aunque en campaña haya prometido lo contrario.
¿Por qué ocurre esto con tanta frecuencia en las regiones? Las razones no son misteriosas. En lo local, el gobernador y el alcalde manejan el presupuesto, la contratación y los cargos. Ser oposición cuesta mucho y rinde poco, mientras que sumarse a la mayoría puede traer puestos y recursos para la clientela política. A eso se suman las coaliciones de conveniencia, armadas para ganar elecciones y desarmadas al día siguiente, y unas corporaciones con herramientas de control más débiles que las del Congreso. Además, nada en la ley castiga a quien se declara opositor y luego vota todo a favor del gobierno.
Ahora bien, quiero ser justo. No toda unanimidad es sospechosa. Hay proyectos de trámite, ajustes rutinarios o programas de beneficio evidente que es razonable aprobar entre todos. Lo preocupante es que cuando ni el presupuesto, ni los empréstitos, ni las vigencias futuras, ni las reestructuraciones reciben un solo cuestionamiento serio, ahí ya no hay acuerdo, hay sumisión.
Entonces, ¿tiene sentido mantener esta figura? Creo que sí, pero no como está. Una curul que nace de los votos de quienes no apoyaron al ganador debería estar amarrada a la función de controlarlo. Se podría exigir que quien la acepte se declare en oposición durante todo el periodo, y que, si no lo hace, la curul se asigne por la regla general entre las listas. También se podría establecer que perder la condición de opositor o recibir cuotas en la administración implique perder las garantías que el Estatuto concede. En el Congreso ha habido propuestas en esta dirección, y el debate merece retomarse con seriedad.
Un gobierno sin control es un gobierno sin límites, y la curul del segundo debería ser uno de esos límites. Si no lo es, no es solo culpa de quien la ocupa; también es nuestra, por no preguntar, no vigilar y no exigir.
Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
