La sequía que se repite cada año y los arroyos que se desbordan apenas llueve nos llevan a una pregunta que casi nadie quiere responder: ¿estamos gestionando el riesgo en La Guajira o solo estamos administrando desastres? Desde mi punto de vista, la respuesta es la segunda, y con eso no hay estudio del riesgo que pueda llamarse integral.
Hace poco escuché una charla sobre gestión integral del riesgo de desastres, basada en las reflexiones del investigador Allan Lavell, y me dejó varias ideas que quiero aterrizar en nuestro departamento.
La primera es que durante décadas nos vendieron el cuento del “desastre natural”. Un investigador llamado Ken Hewitt lo bautizó como visión “fisicalista”, que en palabras sencillas es creer que la culpa es de la naturaleza. Si la culpa es del clima, lo único que nos toca es medir el evento, emitir la alerta, repartir ayudas y reconstruir. Pero un desastre no es un rayo que cae de la nada. Es el resultado de pobreza acumulada, de gente viviendo donde no debería, de territorio sin planificar, de instituciones débiles, de corrupción y de decisiones tomadas pensando en el corto plazo.
El riesgo, para entenderlo rápido, es la mezcla de tres cosas: la amenaza (la sequía, la inundación, el sismo), la exposición (quién y qué está en el camino) y la vulnerabilidad (qué tan indefensos estamos cuando llega). La amenaza no la podemos apagar. La exposición y la vulnerabilidad sí las producimos nosotros, con la forma en que ocupamos el territorio, repartimos el agua, invertimos y regulamos. Por eso hay responsables, aunque casi nunca aparezcan en la foto.
Ahora, ¿qué hacemos en La Guajira? Estudiamos el riesgo por pedazos. Se mira la amenaza, se prepara la respuesta, se hace el censo de damnificados. Es insólito que después de tantos años todavía casi nadie pregunte por qué una comunidad que lleva siglos viviendo en este desierto hoy está tan frágil frente a él. Esa pregunta incomoda porque apunta a decisiones concretas: dónde se aprobó construir, quién tiene agua y quién no, qué se hizo con la plata de las obras.
La charla distinguía tres formas de gestionar el riesgo, y vale la pena revisarlas con el departamento en la mano. La correctiva busca reducir el riesgo que ya existe, por ejemplo reforzar la infraestructura, relocalizar viviendas que están donde no deberían o recuperar un arroyo degradado. La prospectiva busca que no se creen riesgos nuevos, con ordenamiento territorial, normas de construcción y estudios antes de aprobar cualquier obra. La reactiva es la que atiende cuando el evento ya llegó, con alertas, planes de emergencia y ayuda humanitaria. Y tengo la impresión de que en La Guajira vivimos casi todo el tiempo en la tercera. El carrotanque llega, la emergencia se declara, el mercado se reparte, y las dos primeras quedan para después.
Hay un dato que me pareció contundente. Según los reportes internacionales más recientes citados en la charla, menos del 5 % de los recursos que se dedican a la gestión del riesgo en la región se orientan realmente a reducirlo o a evitar que crezca. Gastamos en apagar incendios y casi nada en que no se prendan. Si usted mira el presupuesto de su municipio, ¿cuánto se va en atender la emergencia y cuánto en prevenirla?
Otra idea que me quedó rondando fue la del “umbral de lo inverosímil”. Hoy la ciencia tiene satélites, modelos y mapas que nos dicen muchísimo. Sabemos qué puede pasar. Pero saber no es decidir. El riesgo se reconoce, hasta se cuantifica, y aun así no se cree lo suficiente como para actuar. Y cuando el evento llega, entonces se dice que era inevitable. A eso lo llamaron la paradoja de lo inevitable: lo que no nos convenció para actuar antes se vuelve, después, algo que no se podía evitar. En La Guajira conocemos bien esa frase. La sequía es de lo más previsible que hay, y sin embargo cada vez se presenta como si fuera una sorpresa.
La razón es incómoda pero sencilla. Prevenir no luce. Los beneficios de la prevención son invisibles, porque son desastres que no ocurrieron. A nadie le dan aplausos por la inundación que no hubo, mientras que entregar ayudas en plena emergencia sale muy bien en la foto. Y mientras el incentivo político esté torcido así, vamos a seguir en el mismo ciclo, con otros decretos y otros nombres.
Tampoco es justo cargarlo todo a los municipios. El riesgo se siente en el territorio, pero muchas de sus causas son regionales, nacionales o hasta internacionales, y las alcaldías suelen tener poca plata, poca competencia y poca autoridad para intervenirlas. Por eso la gestión del riesgo no puede depender de una sola oficina. Tiene que estar metida en la planificación y el presupuesto de todos los días, y requiere que gobierno nacional, departamento, municipios, empresas y comunidades trabajen coordinados y no cada uno por su lado.
Una propuesta de la charla me parece que le calza muy bien a La Guajira. En Colombia, desde 2012, se dio un paso importante al hablar de riesgo y no solo de desastre. Lo que falta es una declaratoria de riesgo inaceptable, un mecanismo parecido al de la calamidad pública, pero para actuar antes. Imagínense poder decir oficialmente que una situación, tal como está, no se puede aceptar, y que eso obligara a mover recursos y decisiones a tiempo.
Y lo digo pensando también en el sur del departamento, con sus zonas escarpadas. Ahí un temblor o un aguacero fuerte pueden ser el empujón final para una ladera que venía floja por años, saturada de agua, sin cobertura vegetal o cortada sin criterio para abrir una vía. El sismo es el detonante, pero el gatillo se fue cargando con cada decisión sobre el territorio. Es otra muestra de que el riesgo también se fabrica.
Para resumirles, una gestión integral del riesgo en La Guajira exige mirar las causas y no solo el evento, invertir antes y no solo después, y preguntarles a las comunidades de dónde viene su fragilidad. Es evidente que el problema ya dejó de ser de conocimiento y es de decisión. Saber ya lo sabemos. Lo que nos falta es creérnoslo, y actuar en consecuencia.
