Decisión del alto tribunal impacta a usuarios del Caribe colombiano.
El Consejo de Estado confirmó las medidas cautelares decretadas dentro de una acción popular presentada por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, con el propósito de proteger los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano frente al incremento sostenido de las tarifas.
La decisión respalda las órdenes emitidas previamente por el Tribunal Administrativo del Atlántico y ratifica la necesidad de que el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, adopten acciones para avanzar hacia un esquema tarifario más equilibrado en la región.
Entre las medidas señaladas se encuentran la modernización de la infraestructura eléctrica, el fortalecimiento de los sistemas de medición, la verificación de las pérdidas de energía reportadas por los operadores y la reducción del impacto de ese componente dentro de la fórmula tarifaria que pagan los usuarios.
Esta determinación representa un nuevo avance en la discusión por los altos costos de la energía en la Costa Caribe, una problemática que durante años ha generado inconformidad entre los hogares, especialmente en departamentos como La Guajira, donde las altas temperaturas obligan a muchas familias a incrementar el uso de abanicos, aires acondicionados y otros dispositivos eléctricos.
De acuerdo con lo conocido, el alto tribunal consideró que existe una amenaza sobre derechos colectivos relacionados con el acceso a servicios públicos domiciliarios eficientes, continuos y de calidad, así como sobre los derechos de los consumidores.
Con esta ratificación, las autoridades competentes deberán continuar las actuaciones orientadas a revisar los factores que inciden en el valor final de las facturas de energía y garantizar que las medidas adoptadas se traduzcan en beneficios reales para los usuarios del Caribe colombiano.
