“El agua no es un favor que se le hace al pueblo; es la obligación primaria de cualquier sociedad que se pretenda civilizada”: Paola Andrea Meneses Mosquera.
En Barichara, Santander, la presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, instaló el Diálogo Constitucional centrado en el derecho al agua, un espacio que busca abordar una de las problemáticas más sensibles del país desde una perspectiva jurídica y social.
Durante su intervención, la alta funcionaria enfatizó que el acceso al agua es un derecho autónomo y esencial para garantizar la dignidad humana. En un tono cercano, se apartó momentáneamente de la formalidad propia de su investidura para expresar que, aunque desde la capital se construyen conceptos jurídicos con rigor, estos no siempre responden a las realidades del territorio. “Un concepto jurídico no calma la sed, ni llena un cántaro, ni evita que un niño enferme por beber agua contaminada”, afirmó.
La magistrada también hizo un llamado profundo desde su experiencia personal, señalando que como mujer, madre y servidora pública le duele la desigualdad que se vive en distintas regiones del país. Advirtió que la falta de acceso al agua potable no es un asunto teórico, sino una emergencia humanitaria que afecta a comunidades enteras.
En ese sentido, se refirió de manera directa a la situación en La Guajira, calificándola como una “vergüenza nacional”. Señaló que resulta inaceptable que, en pleno siglo XXI, la escasez de agua potable sea aprovechada por la corrupción, afectando especialmente a las comunidades indígenas como el pueblo wayúu.
Asimismo, cuestionó la contradicción de vivir en un país con abundantes fuentes hídricas mientras persisten territorios donde las personas mueren de sed por falta de infraestructura, fallas administrativas y prácticas de corrupción. Para la presidenta, esta situación refleja uno de los indicadores más crudos de la pobreza en Colombia.
Finalmente, la magistrada subrayó que estos espacios de diálogo deben traducirse en acciones concretas y no quedarse en el plano teórico. Indicó que la justicia constitucional debe servir como un puente entre los grandes compromisos internacionales en materia de derechos humanos y las realidades locales, como acueductos rurales inoperantes, fuentes de agua afectadas o comunidades que dependen de soluciones precarias.
“El agua no es un favor que se le hace al pueblo; es la obligación primaria de cualquier sociedad que se pretenda civilizada”, concluyó, insistiendo en la necesidad de impulsar transformaciones estructurales que garanticen este derecho fundamental en todo el país.
