Hablar de paz en Colombia no es fácil. A veces, incluso, resulta más incómodo que hablar de guerra. La palabra ha sido usada y abusada —convertida en promesa de campaña, bandera ideológica, eslogan o piedra de escándalo— hasta quedar vaciada de contenido. Hay quienes la repiten con cinismo, como si se tratara de una fórmula mágica para ganar simpatías. Otros la rechazan de plano, como si nombrarla fuera un acto ingenuo o una señal de complicidad. Pero ¿y si intentáramos recuperar su sentido más profundo? ¿Y si la pensáramos, no como una consigna ideológica o de partido, sino como una urgencia ética compartida?
Por eso escribo esta columna. No lo hago como académico ni como analista, sino como ciudadano. Como alguien que ha escuchado demasiadas veces los ecos de la violencia en la vida cotidiana de las comunidades. Como alguien convencido que la paz no puede seguir siendo un botín electoral ni una retórica hueca. Hablar de paz no significa alinearse ideológicamente con el gobierno, o con la oposición.
Hablar de paz como acción axiológica, es asumir un compromiso ético con la vida digna. Es —o debería ser— una expresión de humanidad, una responsabilidad cívica, un gesto ético que nos recuerde que hay vidas que no pueden seguir esperando.
¿Qué es la paz?
La paz no es solo la ausencia de guerra. Esa es la definición más básica, lo que Johan Galtung llamó paz negativa: el cese de la violencia directa, de los enfrentamientos armados, de las balas. Y aunque ese primer peldaño es necesario —porque sin el silencio de las armas no puede haber convivencia—, es claramente insuficiente.
Hay territorios en Colombia donde ya no hay combates, pero sí hambre, miedo, despojo y olvido. Allí, la paz puede volverse pasiva: una paz impuesta por el miedo, mantenida por la represión o sostenida por el olvido institucional. Es una calma tensa, sin confrontación visible, pero sin transformación real. No es verdadera paz, sino resignación disfrazada de orden.
Por eso necesitamos avanzar hacia una idea más exigente: la paz positiva; esa que implica justicia social, basada en valores humanos, en la garantía de los derechos mínimos y básicos, en la equidad en el acceso a los recursos —sociales e intelectuales—, en la reparación del daño y en condiciones reales para vivir con dignidad.
Y más aún: necesitamos una paz activa. Una paz que no sea solo responsabilidad de las instituciones, sino de cada uno de nosotros. Porque la paz no se decreta, se construye. No se reduce a una firma en La Habana ni a una línea en la Constitución. Se alimenta de cada gesto de respeto por la opinión del otro, de cada decisión pública acertada, de cada acto de solidaridad en lo cotidiano.
Una palabra secuestrada
En el debate público colombiano, la palabra “paz” está atrapada entre trincheras. Para algunos, pronunciarla es prueba de lealtad política; para otros, es casi una traición. Hay sectores que la usan como escudo para evitar críticas, y otros que la atacan como si fuera una debilidad. Ambas posturas son peligrosas: reducen el valor de la paz a una disputa coyuntural y nos impiden verla como lo que realmente es: una condición de posibilidad para la vida en común.
Una de las trampas más insidiosas en este escenario es la narrativa que equipara la paz con impunidad. Se ha instalado la idea de que hablar de paz es conceder premios a los violentos o legitimar sus crímenes. Otra narrativa muy extendida sugiere que hablar de paz es fortalecer a los grupos armados ilegales, como si el simple hecho de buscar una salida negociada implicara debilidad del Estado o complicidad con quienes han hecho daño.
Estas ideas no solo son erradas: son profundamente dañinas. Bloquean el diálogo, estigmatizan a quienes apuestan por caminos distintos a la violencia, y alimentan el miedo colectivo. Lo más preocupante es que muchas veces son reproducidas y amplificadas por sectores mediáticos hegemónicos, que optan por simplificar, polarizar y encender pasiones en vez de contribuir a una conversación pública crítica, matizada y responsable.
Hablar de paz no es callar los errores del Estado, ni justificar a quienes han causado daño. Es exigir, con más claridad y firmeza, la garantía de derechos allí donde han sido negados. Donde no hay salud, educación, tierra, seguridad o agua potable, la violencia siempre encuentra una forma de regresar.
Lo más grave, sin embargo, es que esa estigmatización ha logrado instalar una forma de intimidación silenciosa. Muchos ciudadanos —en sus comunidades, en sus trabajos, incluso en espacios familiares— evitan hablar de paz por miedo a ser señalados, burlados o asociados con bandos políticos. Eso no solo es injusto: es profundamente antidemocrático. En una sociedad sana, la paz debería ser un terreno común, una causa abierta a la deliberación y al compromiso colectivo.
Cuando se logra instalar el miedo o la vergüenza de hablar de paz, no estamos solo frente a una disputa narrativa: estamos ante una estrategia sutil pero peligrosa de silenciamiento. Una forma de represión del pensamiento que termina beneficiando a quienes se alimentan del conflicto —ya sea armado, simbólico o electoral— como forma de acumulación de poder.
Reivindicar el derecho ciudadano a hablar de paz , sin cinismo ni miedo; es en sí mismo la materialización de la Democracia . Porque el silencio no construye nada. Y porque hablar de paz —aunque incomode, aunque desafíe— sigue siendo uno de los gestos más urgentes de humanidad que podemos ofrecer.
Compromiso de todos, responsabilidad de algunos
Sí, la paz es tarea de todos. Pero no todos cargamos con la misma responsabilidad. Los ciudadanos de a pie podemos aportar con nuestras actitudes, con nuestro lenguaje, con nuestras acciones cotidianas. Pero los que gobiernan tienen un deber superior. Cada alcalde, cada gobernador, cada congresista, cada presidente administra recursos públicos que pueden usarse para cerrar brechas… o para ensancharlas. La paz también se construye con decisiones responsables, con gestión transparente, y con el uso ético del poder. Porque cada decisión política puede sembrar reconciliación o perpetuar la exclusión; puede restaurar la confianza o alimentar la desafección.
Quienes detentan el poder no pueden seguir lavándose las manos. Gobernar también es —sobre todo es— una forma de hacer o deshacer la paz. No basta con condenar la violencia: hay que erradicar sus causas. No basta con discursos desde el centro del país: hay que escuchar a las periferias, reparar a las víctimas, cuidar los territorios, proteger la vida en todas sus formas.
Nota del autor: Esta es la primera entrega de una serie de columnas sobre la paz en Colombia. En la próxima: ¿Qué es la violencia y cómo se manifiesta? Porque para construir la paz, primero hay que entender qué es lo que la rompe.
