A cuatro días de que Gustavo Petro le entregue el poder a Abelardo De La Espriella, La Guajira quedó en el centro de un pulso político que, más allá de las banderas, toca algo muy concreto: si sus comunidades wayúu tendrán o no las vías que necesitan para llegar a sus destinos.
El Gobierno saliente adjudicó, el 27 de julio, diez contratos de obra y seis de interventoría por cerca de $3,2 billones para intervenir vías terciarias en Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure. Esos recursos hacen parte del documento CONPES 4161 que declara de importancia estratégica el programa Vías para la Paz y que, en su numeral 3.19, prioriza los corredores que deben mejorar la movilidad del pueblo wayúu en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. No es un capricho burocrático: la Corte constató hace casi una década que en Uribia, Riohacha, Manaure y Maicao hay un estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática del derecho al agua, la alimentación, la salud y la movilidad de esas comunidades.
El equipo de empalme del presidente electo le pidió al Gobierno saliente abstenerse de firmar esos contratos hasta hacer una revisión técnica, jurídica y financiera independiente. Su argumento tiene sentido en el papel: ¿por qué comprometer vigencias futuras hasta 2035 cuando faltan pocos días para el cambio de mando? Es una pregunta legítima y cualquier ciudadano tiene derecho a hacérsela.
Pero aquí es donde yo, sinceramente, no tengo una respuesta única. No sé si aplazar esta inversión es buena o es mala para La Guajira. Lo que sí sé es que ambas posturas tienen riesgos que no se pueden minimizar.
Si se frena la contratación, se corre el riesgo de que el proceso se enrede en la transición, se pierda el impulso técnico ya construido y las comunidades wayúu, que llevan casi diez años esperando el cumplimiento de un fallo de la Corte, sigan sin vías por falta de infraestructura.
Pero si se firma a las carreras, sin blindaje institucional, también hay un riesgo enorme: que esos $3,2 billones terminen en el mismo lugar donde termina buena parte de la plata pública en La Guajira con un marcado historial de corrupción.
Y aquí quiero ser claro en lo que sí tengo una posición firme: el problema de fondo no es si se firma antes o después del 7 de agosto. El problema real es quién administra esa plata una vez esté contratada. La experiencia en La Guajira ha demostrado, con hechos y no con sospechas, que dejar la ejecución de recursos billonarios en manos exclusivas de la gobernación y las alcaldías involucradas es un riesgo que el país no debería seguir corriendo. No hacen las obras, o las hacen mal, o simplemente se pierde el rastro de la plata. Eso no es una opinión mía: es la historia repetida de la región.
Por eso creo que la discusión no debería ser “¿se firma o no se firma?”, sino “¿quién controla la ejecución?”. Mi propuesta es que la interventoría se contrate directamente desde el Gobierno nacional, mediante concurso público, técnico y transparente, y no delegada a los entes territoriales. Que ese mismo Gobierno nacional instale una veeduría ciudadana real, con participación de las propias comunidades wayúu, y que se publiquen informes periódicos y verificables sobre el avance físico y financiero de cada tramo. Así, sin importar quién gobierne, la plata queda blindada de la politiquería local y de la voracidad de siempre.
La Guajira no puede seguir siendo el escenario de un pulso entre gobiernos mientras las comunidades siguen caminando trochas de arena. Lo que está en juego no es un comunicado de prensa ni una pelea de empalme: es si finalmente, después de años de sentencias y promesas, alguien va a construir esas vías y va a cuidar que la plata llegue completa a donde debe llegar.
¿Usted qué piensa: debe seguir la contratación en manos locales o debe pasar directamente al Gobierno nacional con veeduría ciudadana? La Guajira necesita esa conversación, y la necesita ya.
Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
