El 15 de octubre, desde el claustro de Santa Clara, en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una «contrarrevolución cultural». Dijo que su gobierno asume una lucha abierta y total contra el wokismo y que el funcionario que no comparta sus principios debe hacerse a un lado. Pidió, además, cambiarle otra vez el nombre al ministerio que Gustavo Petro había rebautizado como de las Culturas, las Artes y los Saberes: ahora se llamaría de Cultura y Patrimonio. Y una semana después nombró ministro del Interior a Alejandro Ordóñez.
Los dos anuncios cuentan la misma historia. El primero dice qué país quiere el gobierno; el segundo, con quién piensa imponerlo. Ordóñez no llega a tender puentes. Como procurador expidió circulares para ampliar la objeción de conciencia frente al aborto e intervino para frenar los matrimonios entre personas del mismo sexo, hasta que la Corte Constitucional le ordenó en 2012 rectificar información equivocada sobre el aborto.
Mi tesis es sencilla y, me temo, incómoda para los dos bandos: en Colombia la batalla cultural dejó de ser una discusión sobre ideas y se volvió una pelea por apropiarse del Estado, librada por élites que se turnan el poder y que gobiernan de espaldas a la mitad del país que no votó por ellas. La pregunta de fondo, ¿quién tiene derecho a definir qué somos?, sigue sin una respuesta democrática.
Antonio Gramsci escribió en una cárcel fascista que ninguna clase gobierna solo con la policía. Gobierna cuando logra que su manera de ver el mundo pase por sentido común, y ese sentido común se fabrica en la escuela, en el púlpito y en las redes sociales. La ironía de esta época es que hoy la derecha lee a Gramsci con más juicio que la izquierda que lo citaba. El propio gobierno define su batalla como una disputa por lo que los colombianos deberían considerar normal.
Disputar el sentido común es legítimo. Discutir qué se enseña en un colegio, qué historia cuenta un museo o qué lugar ocupa la religión en la vida pública es lo que hacen las democracias. El problema empieza cuando la disputa deja de buscar convencer y se dedica a señalar a quién hay que sacar del país simbólico.
Hay que decirlo sin rodeos: Gustavo Petro ganó la batalla de los símbolos y perdió la de la convivencia. Llevó a Francia Márquez a la Vicepresidencia, les dio visibilidad a liderazgos negros e indígenas y le cambió el nombre al Ministerio de Cultura para hablar de saberes, deudas que el país arrastraba desde que la Constitución de 1991 reconoció su diversidad étnica y cultural. Pero gobernó desde la confrontación. A partir de su segundo año profundizó el choque para darle a su movimiento una identidad ideológica, y su relato, en mi lectura, partió al país entre el pueblo que quería el cambio y quienes se oponían, como si oponerse fuera traición. Esa forma de gobernar dejó cansancio y miedo, y con cansancio y miedo también se ganan elecciones. De la Espriella es, en buena medida, la factura de esa derrota.
El politólogo Yann Basset lo ha explicado bien: la batalla cultural nace en el conservatismo de Estados Unidos como reacción contra las agendas antidiscriminación y pretende reivindicar a la mayoría frente a las minorías, aunque sus voceros más activos sean, paradójicamente, minorías religiosas evangélicas. Paola Holguín llegó a Cultura presentada como «la guerrera» de la batalla por la nación. En su discurso de octubre, el presidente puso tareas concretas: sacar el lenguaje inclusivo de los documentos oficiales, enfrentar el feminismo y los derechos de la población trans, e impedir que quienes dejaron las armas ocupen un lugar en la historia oficial. Con Ordóñez en Interior, esa agenda entra al Congreso, donde una bancada de cerca de cien congresistas impulsa una reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción.
Cada gobierno arma su batalla definiendo al anterior como la amenaza que hay que revertir. Petro rebautizó, De la Espriella vuelve a rebautizar. El péndulo parece simétrico y no lo es del todo. Una cosa es sumar símbolos que faltaban. Otra es exigirles a los servidores públicos lealtad a la ideología del presidente y decidir desde el poder que quienes dejaron las armas no caben en la historia oficial. Retirar los símbolos de Carlos Pizarro, un comandante guerrillero que firmó la paz y fue asesinado siendo candidato presidencial, equivale a decirle al país que la reconciliación tiene fecha de vencimiento. Discutir a Pizarro es sano. Borrarlo por orden del Ejecutivo, como se descolgaron obras del Museo Nacional, no lo es.
Hay también un cálculo electoral. Carlos Suárez, uno de los estrategas más cercanos al presidente, dijo que las elecciones regionales de 2027 serán parte de esa batalla cultural. A De la Espriella lo eligió una coalición variopinta: unos querían cerrarle el paso a Iván Cepeda, otros votaron por la seguridad, otros por un outsider. La batalla cultural es el pegamento para convertir esa suma en partido. Petro tardó dos años en radicalizarse para cohesionar a sus bases; este gobierno lo hizo en tres meses. El precio puede ser alto: el presupuesto pasó en el Senado con 57 votos, apenas cinco por encima del quórum decisorio y gracias a votos de fuera de la coalición, y aún faltan la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista y el ajuste fiscal. Hasta voces del Centro Democrático dudaron públicamente de que Ordóñez sea el ministro que construya esos acuerdos.
Cuando la política se organiza alrededor de la identidad, advierte Basset, los debates se vuelven innegociables y todo termina en un juego de suma cero. Se puede negociar un punto de IVA; no se negocia quién es colombiano de verdad. El adversario deja de ser alguien a quien convencer y pasa a ser un enemigo moral. Las redes premian esa lógica y los dos bandos la aprovechan: una votación en el Congreso se vuelve prueba de lealtad, un museo se vuelve trinchera, una cartilla escolar se vuelve amenaza contra la familia. En una encuesta de la iniciativa Valiente es Dialogar con el Centro Nacional de Consultoría, el 42 % de los colombianos dijo que la polarización afecta sus relaciones familiares y el 27 % contó que había perdido amigos por diferencias políticas.
Entretanto, el aborto ni siquiera aparece en las encuestas entre las principales preocupaciones de los colombianos. A quien no consigue sus medicamentos, o va a pagar el gas mucho más caro por el desabastecimiento, la contrarrevolución cultural no le resuelve nada. Sirve para mantener encendidas a las bases. Para gobernar sirve poco.
No voy a cerrar pidiendo unidad nacional. Colombia no necesita estar de acuerdo, y un país donde todos pensaran igual sería más pobre. Lo que necesita son reglas que sobrevivan al cambio de gobierno. Los servidores públicos le deben lealtad a la Constitución, no a la ideología del presidente de turno, y ningún gobierno, de izquierda o de derecha, debería poder depurar el Estado por convicciones. La memoria no se decreta cada cuatro años: el Museo Nacional y las instituciones de memoria necesitan una autonomía curatorial que no dependa del ministro que llegue. Y la oposición, que hoy se presenta como víctima de la cruzada, tendrá que aceptar lo que no aceptó cuando gobernaba: que quien piensa distinto no es enemigo del pueblo.
El país que queremos ser no se define en el claustro de Santa Clara ni en el balcón de la Casa de Nariño. Se define en algo más modesto y difícil: que quien pierde las elecciones no pierda también el derecho a ser parte de la nación. Porque si cada gobierno llegua a reescribir quiénes somos, la batalla cultural seguirá siendo una pelea entre quienes se turnan el derecho a hablar por los demás.
