Hay una pregunta que miles de guajiros se hacen cada vez que se va la luz ¿hasta cuándo? La respuesta parece perderse entre comunicados oficiales, explicaciones técnicas y promesas que se repiten con la misma frecuencia con la que se interrumpe el servicio de energía, mientras la realidad es otra: hogares sin electricidad durante horas, comerciantes que pierden sus productos, emprendedores que ven afectada su producción, estudiantes que no pueden continuar sus clases y adultos mayores soportando temperaturas extremas sin una respuesta efectiva.
La energía eléctrica no es un favor que una empresa le hace a la ciudadanía, es un servicio público esencial y un derecho cuya prestación debe estar guiada por los principios de continuidad, eficiencia y calidad. Pero cuando esos principios se incumplen de manera reiterada, no solo se afecta la comodidad de las personas, sino también se golpea la economía, la salud y la confianza de toda una región.
En La Guajira parece haberse normalizado lo inaceptable; los apagones, las fluctuaciones de voltaje y las interrupciones del servicio dejaron de ser hechos extraordinarios para convertirse en parte del paisaje cotidiano, y lo más preocupante, es que esa resignación beneficia únicamente a quienes administran un servicio que debería ser motivo de orgullo y no de constantes reclamaciones.
No se puede hablar de desarrollo cuando un empresario teme que un corte de energía dañe su maquinaria No se puede hablar de competitividad cuando un comerciante pierde mercancía refrigerada. No se puede hablar de bienestar cuando una familia pasa la noche soportando temperaturas insoportables por la ausencia de un servicio que paga puntualmente.
Desde luego, el sistema eléctrico enfrenta desafíos históricos: redes envejecidas, pérdidas de energía, conexiones irregulares y dificultades financieras, pero ninguna de esas circunstancias puede convertirse en un argumento permanente para justificar un servicio que, en la percepción de miles de usuarios, continúa sin responder a las necesidades del departamento.
La Guajira merece mucho más que explicaciones, merece inversiones reales, mantenimiento oportuno, atención eficiente al usuario y una empresa que entienda que su responsabilidad va mucho más allá de recaudar facturas; cada peso que pagan los ciudadanos debe traducirse en un servicio digno y confiable.
El nuevo Gobierno Nacional tiene varios retos con La Guajira en materia de servicos público, entre ellos, ejercer una vigilancia rigurosa, porque el control no puede limitarse a observar el problema desde la distancia; tarifas justas y, no menos importante, un plan de contingencia antes que llegue el fenomeno del niño. La ciudadanía espera acciones concretas, seguimiento permanente y decisiones que garanticen la protección efectiva de los derechos de los usuarios.
No es aceptable que un departamento llamado a ser protagonista en la transición energética del país, siga padeciendo un servicio eléctrico que genera incertidumbre y desconfianza. La paradoja resulta dolorosa: una tierra con enorme potencial para producir energía no puede seguir viviendo a oscuras por las deficiencias de quienes tienen la obligación de prestarla con calidad.
La paciencia de los guajiros tiene un límite y exigir un mejor servicio no es un acto de rebeldía, es ejercer un derecho. Es hora de que la electricidad deje de ser un motivo de preocupación y se convierta, por fin, en una garantía para el desarrollo de nuestro departamento.
