Edicion julio 7, 2026

Unidad para las Víctimas entregó 10 toneladas de ayuda humanitaria a comunidades Wiwa confinadas en La Guajira

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La atención brindada, mediante un despliegue operativo coordinado con el Ministerio Público y agencias del Estado, beneficia a 108 hogares de los asentamientos de Siminke y Sabana Joaquina, quienes afrontan restricciones de movilidad en el territorio.

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En cumplimiento de su compromiso con la atención integral a las víctimas del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas entregó 10 toneladas de ayuda humanitaria a 108 hogares del pueblo indígena Wiwa, ubicados en la región de Marocazo, zona rural del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

La asistencia humanitaria, compuesta por alimentos, fue entregada a las familias de las comunidades de Siminke y Sabana Joaquina, que permanecen en situación de confinamiento desde el año 2025 como consecuencia de las afectaciones derivadas del conflicto armado.

La jornada se desarrolló de manera articulada con la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de San Juan del Cesar, el enlace municipal de víctimas y representantes de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas, con el propósito de garantizar una respuesta integral y oportuna a esta población.

Para las comunidades de la etnia Wiwa, esta ayuda representa un respaldo fundamental en medio de las dificultades que genera el confinamiento. “Las ayudas que se reciben por parte del Gobierno Nacional han sido elementales de acuerdo con el panorama que tenemos en las comunidades. Hoy recibir estas ayudas por parte de la Unidad beneficia en todos los sentidos: fortalece la canasta familiar y contribuye a la atención de los niños, las mujeres embarazadas y nuestros adultos mayores”, expresó Armando Mojica Sauna, educador indígena de la comunidad de Siminki.

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La Unidad para las Víctimas continuará coordinando acciones con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para atender las necesidades de las comunidades afectadas por el conflicto armado y garantizar el acceso a las medidas de asistencia contempladas en la ley.

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