Una nueva denuncia contra el fiscal especializado antinarcóticos Rafael Francisco Rojas Orcasitas se suma a los cuestionamientos que rodean sus actuaciones, esta vez por la presunta filtración de información reservada de una investigación penal que habría terminado vinculando públicamente al director de Asuntos Indígenas de Riohacha, Helion Jacobo Arends Cerchiaro, con una supuesta organización dedicada al narcotráfico. El funcionario distrital, abogado e integrante del pueblo wayuu, rechaza categóricamente los señalamientos y asegura que se han vulnerado sus derechos fundamentales, su buen nombre y su presunción de inocencia.
Arends Cerchiaro presentó una denuncia penal y una queja disciplinaria contra el fiscal ante la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira y la Procuraduría General de la Nación, solicitando que se investigue el origen de la información divulgada y se determinen las posibles responsabilidades de quienes habrían tenido acceso a documentos reservados de una investigación judicial.
La controversia tiene entre sus antecedentes un encuentro ocurrido el 18 de enero de 2023, cuando, según relató el denunciante, fue invitado por Lucas Gnecco Bustamante a una reunión en una cabaña de alquiler frente al mar, en el sector conocido como La Raya, donde conoció al fiscal Rojas Orcasitas. Durante ese encuentro, el funcionario judicial le habría consultado sobre la situación del predio San Ramón, un inmueble ubicado en Riohacha que durante más de una década ha estado involucrado en disputas familiares y diferentes actuaciones judiciales relacionadas con su propiedad y tenencia.
De acuerdo con la versión de Arends, el fiscal manifestó que tenía derechos de propiedad sobre el terreno y que este se encontraba ocupado por familias indígenas wayuu, por lo que estaba interesado en adelantar una diligencia de desalojo. El abogado aseguró que su intervención se limitó a explicarle los procedimientos legales que debían seguirse ante la jurisdicción ordinaria y las inspecciones de Policía, haciendo énfasis en la obligación de respetar los derechos de las comunidades indígenas involucradas.
El director de Asuntos Indígenas precisó que aquella orientación jurídica fue informal, que no recibió remuneración y que nunca asumió la representación legal del fiscal ni intervino posteriormente en actuaciones relacionadas con el inmueble. Asimismo, explicó que el 28 de marzo de 2023 tomó posesión del cargo que actualmente desempeña en la administración distrital de Riohacha.
El predio San Ramón constituye uno de los elementos relevantes de esta controversia, teniendo en cuenta que Rafael Rojas Orcasitas figura entre los titulares de participaciones sobre el inmueble. Según información publicada por el periódico El Tiempo, los derechos sobre la propiedad se distribuyen entre Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S., con el 52,9954 %; la Universidad de La Guajira, con el 30,3046 %, y el propio fiscal, con el 16,666 %. No obstante, corresponde a las autoridades establecer si existe alguna relación entre los intereses sobre esta propiedad y los hechos denunciados por Arends Cerchiaro.
El funcionario distrital manifestó que, tiempo después de aquel encuentro, comenzó a encontrar publicaciones en medios nacionales y redes sociales en las que su nombre aparecía relacionado con una presunta estructura narcotraficante. Según sostiene, dichos señalamientos habrían tenido origen en información de una investigación adelantada por el despacho del fiscal Rojas Orcasitas, pese a que, según afirma, nunca ha sido citado a interrogatorio, vinculado formalmente a un proceso penal ni imputado por esos hechos.
En sus declaraciones públicas, el abogado wayuu rechazó las acusaciones y cuestionó las actuaciones que atribuye al funcionario judicial.
“Me ha señalado como ser integrante de una organización mafiosa a la cual de ninguna manera me encuentro vinculado, con ninguna de esas actividades con las cuales ellos pretenden difamar de mi buen nombre y de mis derechos fundamentales, porque me he sentido atropellado y abusado en todos los sentidos”, expresó Arends Cerchiaro.
El denunciante aseguró que la difusión de estas versiones ha afectado su reputación personal y profesional, además de generar preocupación por su seguridad y la de su familia. Insistió en que cualquier investigación penal debe desarrollarse respetando las garantías constitucionales y evitando que personas sobre las cuales no existe una decisión judicial sean expuestas públicamente como responsables de conductas delictivas.
“Nuestro pronunciamiento hoy lo hacemos porque ha pasado el tiempo y cada día vemos el atropello y el abuso, cómo se materializa desde distintas vertientes, cuando lo que nuestra Constitución política nos dice es que somos habitantes activos de un Estado social de derecho, donde la presunción de inocencia se debe respetar, donde todos los ciudadanos tenemos derecho a un debido proceso”, manifestó.
Arends Cerchiaro, quien se identificó como integrante del pueblo wayuu y oriundo de Taroa, en la Alta Guajira, jurisdicción del municipio de Uribia, también recordó que las comunidades indígenas son sujetos de especial protección constitucional. En ese sentido, consideró que los hechos denunciados adquieren una dimensión adicional por su condición étnica y por las funciones que desempeña en la atención de las necesidades y requerimientos de estas poblaciones.
Durante su pronunciamiento, el abogado relató aspectos de su historia familiar y aseguró que se encuentra inscrito en el registro de víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado. También manifestó que su padre fue desaparecido por integrantes de una entidad de seguridad del Estado, situación que, según explicó, ha marcado su vida y que considera relevante frente a las afectaciones que actualmente denuncia.
“Es una revictimización. Yo me encuentro inscrito en el Registro Nacional de Víctimas por desplazamiento forzado por una entidad del Estado, una entidad de seguridad del Estado que desapareció a mi padre. Soy huérfano de padre y me ha tocado vivir con esa cruz encima”, expresó.
El funcionario manifestó que, pese a estas circunstancias, ha orientado su ejercicio profesional y su labor institucional hacia la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Por ello, cuestionó que su nombre sea relacionado con actividades criminales que asegura no haber cometido y frente a las cuales sostiene que no se han presentado pruebas que acrediten su participación.
En la denuncia penal, fechada el 9 de octubre de 2026, Arends Cerchiaro señala al fiscal por los presuntos delitos de revelación de secreto y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Asimismo, solicita que se establezca quiénes tuvieron acceso a la información de la investigación, cómo habría llegado a conocimiento público y si existieron actuaciones irregulares por parte de servidores públicos u otras personas.
También pidió que la Unidad Nacional de Protección evalúe su nivel de riesgo, teniendo en cuenta su condición de víctima del conflicto armado, su pertenencia al pueblo wayuu y su actividad como funcionario encargado de asuntos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas.
“Deben las autoridades competentes asumir el conocimiento de esta denuncia y que responda quien deba responder, en este caso el señor funcionario, porque como funcionarios podemos ser disciplinados y judicializados por nuestras actuaciones en el desarrollo de nuestras competencias”, afirmó.
La denuncia incorpora nuevos cuestionamientos a las actuaciones del fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas, cuyo nombre también ha estado relacionado con la controversia jurídica sobre el predio San Ramón. Sin embargo, la existencia de derechos de propiedad sobre el inmueble y el encuentro relatado por Arends no constituyen, por sí mismos, pruebas de una actuación irregular ni permiten establecer que la presunta filtración haya estado motivada por intereses particulares sobre el terreno.
Hasta el momento, en la información conocida no figura un pronunciamiento del fiscal frente a las acusaciones formuladas por el director de Asuntos Indígenas de Riohacha. Será responsabilidad de las autoridades competentes verificar los hechos, determinar si efectivamente existió una divulgación irregular de información sometida a reserva y establecer si hay lugar a responsabilidades penales o disciplinarias, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia de todas las personas involucradas.
