A través de la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario, Carcelario y en Centros de Detención Transitoria.
La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario, Carcelario y en Centros de Detención Transitoria de la Corte Constitucional realizó una inspección judicial en distintos centros de reclusión de Riohacha, donde evidenció graves problemáticas relacionadas con hacinamiento, permanencias prolongadas, deficiencias en infraestructura y limitaciones en la atención en salud para las personas privadas de la libertad.
Durante la diligencia en el centro de detención transitoria conocido como el antiguo “CAIMEG”, la Corte verificó que el lugar albergaba cerca de 280 personas, pese a contar con capacidad aproximada para 130 internos, lo que representa una sobreocupación superior al 100 %. Asimismo, constató que patios diseñados para entre 12 y 15 personas actualmente concentran más de 50 internos.
La Sala también encontró que la totalidad de las personas recluidas en este centro superaban el límite de 36 horas permitido para instalaciones transitorias, identificándose incluso casos de permanencia de hasta cinco años.
En el recorrido realizado por los pabellones, la Corte evidenció condiciones críticas como insuficiencia de baterías sanitarias, almacenamiento de agua en recipientes improvisados, instalaciones eléctricas expuestas, humedad y espacios reducidos utilizados simultáneamente para dormir, cocinar y guardar pertenencias.
Además, se recopiló información sobre población extranjera sin afiliación al sistema de salud, personas con afectaciones en salud mental, dificultades para la realización de audiencias y atención médica, así como condiciones relacionadas con la separación de mujeres y población LGBTIQ+.
Posteriormente, la Sala inspeccionó el nuevo establecimiento penitenciario de Riohacha, una infraestructura de cuarta generación proyectada para contribuir a la descongestión carcelaria en la región Caribe y el norte del país.
Según la información entregada durante la diligencia, el nuevo centro tendrá capacidad para 1.722 personas privadas de la libertad, incluyendo un pabellón para 152 mujeres, un espacio para población indígena Wayúu con 218 cupos, además de áreas de talleres, sanidad, alimentación y un Centro de Desarrollo Infantil para mujeres gestantes y lactantes.
La obra presenta un avance cercano al 99 % en su fase civil y un avance general aproximado del 85 %, con una inversión cercana a los 361 mil millones de pesos. De acuerdo con la USPEC, la entrada en funcionamiento se realizará en dos fases: una primera entre el 30 de junio y el 15 de julio de 2026, con capacidad inicial para 366 internos trasladados desde el actual ERON de Riohacha, y una segunda etapa prevista para noviembre de 2026, cuando se alcance la capacidad total proyectada.
Representantes del INPEC indicaron que el nuevo establecimiento requerirá cerca de 530 funcionarios de custodia y vigilancia, además de otros 175 servidores para la operación de servicios complementarios.
La Corte Constitucional también visitó la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha, donde verificó condiciones críticas de hacinamiento y graves falencias en infraestructura y acceso a servicios básicos.
Al momento de la inspección, el establecimiento albergaba 366 personas privadas de la libertad, pese a tener capacidad para aproximadamente 100 cupos, lo que representa una sobrepoblación cercana al 266 %.
En este centro penitenciario se constató que varios internos duermen en colchonetas y hamacas improvisadas debido a la falta de espacio, además de limitaciones en ventilación y acceso a servicios sanitarios. También se verificó que el penal no cuenta con suministro continuo de agua potable, por lo que el abastecimiento se realiza mediante carrotanques y almacenamiento en recipientes plásticos.
Finalmente, durante la diligencia se evidenciaron problemas estructurales como humedad, presencia de hongos e instalaciones eléctricas expuestas, así como dificultades en los trámites relacionados con beneficios judiciales y mecanismos sustitutivos de la pena debido a limitaciones institucionales en la región.
