En los últimos diez años, La Guajira ha pasado de ser la tierra del olvido a convertirse en el foco de atención del gobierno nacional, empresas del sector productivo, la cooperación internacional y los medios de comunicación. Los principales medios del país e internacionales con frecuencia destacan inversiones millonarias y proyectos destinados a cerrar las brechas sociales, así como de grandes apuestas de inversión privada en la región. Sin embargo, también abundan los reportajes sobre corrupción, crisis en proyectos productivos, paros, bloqueos, robos a turistas y la trágica muerte de niños por desnutrición.
La Guajira indudablemente es una tierra de infinitas oportunidades, pero la falta de coordinación y acción colectiva ha impedido capitalizar la competitividad territorial. La tendencia “mesiánica”, en la que todos parecen tener la solución milagrosa para La Guajira, ha sido un obstáculo para avanzar.
Es común ver como el gobierno del presidente Petro anuncia proyectos como si sacaran una varita mágica: un aeropuerto en la Alta Guajira, carrotanques, una nueva universidad en Uribia o una línea de conducción de agua desde la represa del Río Ranchería hasta zonas dispersas, entre otras promesas cargadas de buenas intenciones, pero sin respaldo técnico ni mucho menos construidas en articulación con el territorio, que lo que hacen es retrasar el desarrollo y brindar falsas expectativas.
Resulta inaceptable que los alcaldes de La Guajira, el gobernador y los guajiros se enteren de las intervenciones a través de los medios de comunicación, o incluso peor, cuando las decisiones ya están tomadas y necesitan remediar un error, como fue el caso de los carrotanques.
El Gobierno Nacional tiene indudable responsabilidad en esta situación, pero como guajiros, no hemos logrado poner en marcha un plan conjunto para impulsar el crecimiento social y productivo de la región. Aunque somos expertos en identificar los problemas y señalar la corrupción como la raíz de nuestras dificultades, hemos sido deficientes a la hora de unir esfuerzos para concretar las acciones y proyectos que todos mencionan, pero que nadie logra materializar.
Si bien existen proyectos transformadores identificados, la falta de priorización y la tendencia de cada actor a velar por sus propios intereses o a imponer su receta mesiánica dificultan su implementación. Es esencial trazar una ruta que logre la articulación entre el sector público nacional y territorial, el sector privado y las comunidades para enfocar los recursos de manera efectiva.
Hoy, La Guajira tiene una oportunidad única, dada la convergencia de intereses y recursos que indican que es el momento oportuno para cambiar la realidad de nuestra región. Es ahora o nunca. Debemos trascender de la visión a corto plazo de un gobierno o proyecto específico, y trabajar en estrategias sostenibles que puedan transformar nuestra situación a largo plazo.
Es crucial determinar qué proyectos pueden ser gestionados a nivel nacional para evitar que todas las iniciativas vengan desde Bogotá. Priorizar la ejecución de proyectos financiados con regalías y garantizar su sostenibilidad es fundamental, así como identificar los proyectos que puedan ser financiados a través de gestión social o del mecanismo de obras por impuestos con el sector privado.
No podemos permitir que el gobierno nacional defina la agenda pública cada cuatro años con anuncios rimbombantes, intervenciones o programas especiales. Es el territorio quien debe marcar la ruta y señalar las acciones necesarias.
Que falta hace una plataforma como Guajira 360° para recopilar datos, indicadores y estudios contundentes que orienten nuestras decisiones. La Guajira no puede seguir siendo catalogada como un cementerio de iniciativas y proyectos fallidos; debemos convertirnos en un ejemplo de resiliencia territorial y demostrar que somos un departamento donde las oportunidades se hacen realidad gracias al trabajo articulado y no por el sacudir de una varita mágica.
