La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió convocar a una sesión técnica con el fin de ampliar la información que sustenta la declaratoria del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1085 del 2 Julio de 2023.
Adicionalmente, la magistrada ponente Natalia Ángel Cabo asumió el conocimiento del decreto legislativo que declara el estado de excepción y ordenó la práctica de pruebas a efectos de evaluar su constitucionalidad.
“El Decreto que analizará la Corte expone que el departamento de La Guajira atraviesa una grave crisis humanitaria que se estructura en la falta de acceso a servicios básicos vitales materializada en causas múltiples tales como: (i) la escasez de agua potable para el consumo humano; (ii) la crisis alimentaria por dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos; (iii) los efectos del cambio climático acentuado por los climas cálido desértico y cálido árido que predominan en el territorio y que viene afectando profundamente las fuentes de agua; (iv) la crisis energética y la falta de infraestructura eléctrica idónea y adecuada, entre otros”, informó la Corte.
Los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha se encuentran accionados para su atención por parte de la Sentencia T-302 de 2017, sobre todo para la protección de la niñez wayuu, mujeres embarazadas, lactantes y adultos mayores.
Asimismo, para combatir la desnutrición en La Guajira, pues a la fecha ya se han reportado 40 casos de niños muertos por esta situación.
Cabe recordar que el gobierno nacional por medio del presidente Gustavo Petro espera que se apruebe el decreto del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica en La Guajira para poder atender a la población, incluso, el mandatario trazó varias propuestas como llevar agua desde la represa del río Ranchería hacia la Alta Guajira, hacer un Instituto del Agua, dotar de alimentos a la población menos favorecida y brindar atención en salud en los sitios más apartados del territorio.
