La crisis humanitaria e institucional que históricamente ha afectado a la primera infancia en el departamento de La Guajira a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) exige un análisis riguroso y libre de cortinas de humo. A lo largo de los últimos cinco años, los recurrentes escándalos en la ejecución de los programas han puesto bajo la lupa a la entidad, abriendo un debate profundo sobre quiénes han tenido el verdadero control político y quiénes han sido ajenos a cualquier manejo contractual.
Quizás no se han tomado el trabajo de verificar a fondo la realidad institucional, ya que en los últimos cinco años han proliferado órdenes de captura y múltiples fallas operativas. Expertos en la materia señalan que los numerosos directores encargados que han desfilado por la seccional carecen de la capacidad jurídica y técnica necesaria para administrar con un enfoque diferencial un instituto tan complejo.
Lastimosamente, en muchos casos, los concursos públicos para la dirección regional de La Guajira son ganados por profesionales foráneos que, a pesar de no conocer la realidad del departamento, obtienen los puntajes formales para ser elegidos. Esta constante interinidad no otorga la confianza de contar con personas idóneas al frente de la entidad para controlar en debida forma los recursos, garantizar una ejecución presupuestal transparente y exigir el riguroso seguimiento de las obligaciones contractuales.
Pretender, bajo este panorama de fallas sistémicas, enrostrar responsabilidades a un congresista resulta ser un acto de absoluta irresponsabilidad.
El Control Histórico, El Caudal Electoral y la Injerencia en la Contratación
Si bien Honorio Henríquez es un senador del partido Centro Democrático, no se puede negar que ha mantenido un caudal electoral en La Guajira. Al respecto, diversos operadores en especial de zonas como Manaure y Uribia, que piden reserva de identidad relatan que fueron presionados de cara a la elección pasada de Senado para asistir a reuniones donde les exigían conseguir 10 votos por cada padre de familia a favor de la aspiración de Henríquez.
Mientras se tejió esta dinámica de presión territorial y cercanía con el nivel central para incidir en la dirección regional del ICBF permitiendo la llegada de operadores y fundaciones foráneas procedentes de Santa Marta sin arraigo ni idoneidad territorial, la realidad operativa del instituto muestra un diseño completamente centralizado.
La trazabilidad de múltiples medios de comunicación y los registros periodísticos corroboran que la contratación del ICBF no se define en las regiones, sino que se ejecuta en el Departamento bajo directrices de manera exclusiva desde Bogotá. En este escenario, la gestión del excongresista Alfredo Deluque se limitó hace muchos años de forma estricta y transparente a exigir ampliaciones de cobertura para la primera infancia y a poner la crisis nutricional como prioridad absoluta ante las mesas de concertación con las comunidades Wayuu. Deluque jamás dio órdenes ni tuvo injerencia alguna en la contratación, habiendo sido, por el contrario, un crítico recurrente de las metodologías centralizadas del instituto. En especial un crítico de la administración de la doctora Astrid Cáceres
Ante el complejo panorama de tensiones políticas y departamentales, es altamente probable que el expresidente Álvaro Uribe haya recibido información sesgada o errónea sobre la verdadera dinámica regional. Este flujo de datos imprecisos pudo propiciar un escenario de desinformación que derivó en señalamientos injustos en contra de Alfredo Deluque, buscando enrostrarle responsabilidades inexistentes y desvirtuando por completo su labor legislativa en favor del departamento.
Finalmente, ahora que Honorio Henríquez ha sido elegido presidente del Senado, es imperativo que note la profunda diferencia frente a las palabras de Alfredo Deluque. Cuando concluyó la elección de la mesa directiva, Deluque catalogó el resultado como una simple derrota democrática, manteniendo una postura respetuosa que dista en todo sentido de ser la de un hombre acusador o vengativo, tal como desafortunadamente lo hizo en su momento el expresidente Uribe con sus sindicaciones infundadas.
Debemos esperar que este señalamiento que muchos consideran grave sirva como catapulta para una sólida segunda puja de Alfredo Deluque a la presidencia del Senado para el próximo año, respaldado por las garantías institucionales y el talante democrático que siempre le han caracterizado frente a la oposición y a los distintos partidos políticos.
La Guajira no necesita chivos expiatorios ni narrativas políticas diseñadas para desviar la atención. Urge que los organismos de control investiguen a fondo si existió o no una injerencia real de Honorio Henríquez en el manejo político y contractual de la seccional Guajira del Icbf esclareciendo de una vez por todas las verdaderas responsabilidades en la crisis del ICBF y reivindicando la transparencia de quienes, como Alfredo Deluque, solo ejercieron una defensa legítima de los derechos de la niñez.
