Después de siete años, la Fiscalía imputó cargos al entonces alcalde de Manaure, Davis Díaz Rivera, y su secretaria de salud Angélica Manotas Moscote.
Tras siete años después, en graves líos se encuentran el exalcalde de Manaure Davis Díaz Riviera y su secretaria de salud, Angélica Manotas Moscote, al ser imputados por la Fiscalía General de la Nación por un contrato destinado a la protección de los niños que terminó en un detrimento patrimonial superior a los 2.800 millones de pesos, a través de una lista de inconsistencias que “hasta descaradas resultaron luego de la investigación”, así lo determinó el director contra la corrupción de la Fiscalía, Eduar Alirio Calderón.
Todo esto inició en 2015 con el Fenómeno del Niño que llevó a la Administración a declarar la calamidad pública en el municipio de Manaure y según la Fiscalía General de la Nación, el inicio de una trama de corrupción que afectó de manera directa a los niños de la región, pues el entonces alcalde entregó un millonario contrato para evitar la mortalidad infantil, que resultó presentar un sinnúmero de irregularidades que ahora la Fiscalía resumió en una imputación de cargos.
El contrato fue adjudicado por 8.000 millones de pesos a la IPS Sol Wayúu con el objetivo de brindar atención a más de 2.000 familias indígenas. Lo desconcertante es que según la investigación, la mayoría de la población nunca recibió la atención en salud por la que el Estado pagó.
Este millonario contrato consistió en la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo para cinco meses y que debía hacerse en el idioma wayuunaiki. De acuerdo a la investigación del ente, ninguna de esas condiciones las cumplió el contratista, de ahí nace la imputación por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
Los hallazgos de la Fiscalía señalan que: “se escogió un contratista con antelación; además la IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65% de las actividades desarrolladas como la compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos.
Como agravante, la IPS contratada no tenía autorización de la misma Alcaldía que la contrató para ejercer “actividades en zonas rurales de carácter médico en relación con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos”, explica la investigación.
Entre los hallazgos se detectó que el alcalde Díaz Rivera y su secretaria de salud, Angélica Manotas Moscote, contrataron “una nómina exagerada de funcionarios y médicos” a algunos especialistas les pagaban sueldos superiores a los 58 millones de pesos mensuales y nunca visitaron a los pacientes.
En el listado de irregularidades los investigadores encontraron que se dejó de entregar el agua, los suplementos alimenticios y medicamentos que incluía el contrato, tanto así que el sobrecosto superó el 600 por ciento. “En total, con dichas irregularidades, los investigados habrían causado un detrimento patrimonial por una cuantía de $2.839 millones”, señaló la Fiscalía.
Otro punto en las irregularidades fue que la Alcaldía y el contratista pasaron cobros por concepto de traductores a la lengua wayuunaik, una labor que terminaron realizando los conductores y enfermeras, pero que se facturaron al municipio.
“Se presume que, entre julio y diciembre de 2015, tiempo de ejecución del contrato, Díaz Rivera recibió al menos $1.980 millones y la señora Manotas Monsalve aparentemente accedió a dádivas por $230 millones”, expresó el director contra la corrupción a Semana.com.
Luego de la imputación de cargos la Fiscalía espera llevar a juicio al exalcalde y la secretaria de salud, confirmar su responsabilidad y pedir una condena en su contra.
