Hay tragedias que ocupan titulares durante días y otras que, por repetirse, terminan convertidas en una cifra. La muerte de motociclistas en Colombia parece pertenecer a la segunda categoría. En 2024, el país registró 5.194 motociclistas fallecidos en siniestros viales, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial citadas por la Procuraduría General de la Nación. Son, en promedio, más de catorce vidas perdidas cada día.
¿Por qué una tragedia de esta magnitud no provoca una reacción social proporcional? La repetición de las noticias parece haber debilitado nuestra capacidad de asombro. Un siniestro más, una víctima más, un registro más. Pero ¿en qué momento empezamos a aceptar como normal que tantas personas no regresen a casa?
Detrás de cada número hay una historia interrumpida: una familia que espera, hijos que pierden a un padre o una madre, y jóvenes que ven truncado su proyecto de vida. También hay personas que sobreviven con lesiones graves y deben enfrentar largos procesos de recuperación. La magnitud de estas pérdidas exige algo más que resignación.
La motocicleta es, para millones de colombianos, una herramienta de trabajo, una forma de llegar a lugares donde el transporte público no alcanza y, en muchos casos, la alternativa más accesible para movilizarse. Por eso, reducir esta tragedia a la imprudencia de quien conduce sería una explicación incompleta. La velocidad, el consumo de alcohol, la falta de elementos de protección y el irrespeto de las normas importan; también cuentan el estado de las vías, la señalización, la iluminación, los controles y la capacidad de las autoridades para prevenir y responder.
Pedir prudencia es necesario, pero no suficiente. Se requieren vías más seguras, controles constantes, formación vial, atención oportuna a las víctimas y decisiones públicas que reconozcan la realidad de quienes dependen de la moto para vivir y trabajar. La responsabilidad es compartida: conductores, pasajeros, autoridades y demás actores viales tenemos un papel en la protección de la vida.
La alarma social tampoco puede activarse solo ante tragedias excepcionales. Que más de cinco mil motociclistas hayan muerto en un solo año debería bastar para exigir atención sostenida y respuestas verificables. Las campañas y los anuncios deben traducirse en medidas concretas cuyos resultados puedan conocerse y evaluarse.
Que una cifra se repita no la hace menos grave. Tal vez el primer paso sea dejar de mirar estas muertes como parte inevitable del paisaje y empezar a preguntarnos, con seriedad, qué podemos cambiar para que menos familias reciban una llamada que nadie debería recibir.
Fuente del dato de 2024: Procuraduría General de la Nación, con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Consultar publicación.
