Durante el gobierno de Gustavo Petro, se creó en el sur de La Guajira las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) con un propósito claro y vital: blindar la seguridad alimentaria de nuestra gente y ponerle un escudo protector a la tierra para prohibir, entre otras amenazas, el uso del fracking. Eran cerca de 80.000 hectáreas en ocho municipios que respiraban un poco de tranquilidad sabiendo que el agua y el suelo se defendían del apetito voraz de las multinacionales.
Pero el ajedrez político cambió de manos y la realidad nos golpeó de frente. Con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella y la reciente oficialización de la derogatoria de las APPA, el discurso oficial de “corregir enredos técnicos” se cae a pedazos. A la vuelta de la esquina, lo que se ve detrás de este desmonte es otra cosa muy distinta: abrirle la puerta por fin a la locomotora minera y petrolera, dejando el camino libre para que esas mismas tierras puedan ser pisadas por proyectos de explotación que antes tenían la talanquera arriba.
Nos quieren vender el cuento de que tumbar estas restricciones es sinónimo de libertad y autonomía para los campesinos, cuando la verdad es que le están sacando el cuerpo a la defensa del agua y del territorio. Quitar las APPA no es devolverle la tierra al que la trabaja, es despejar el terreno para los intereses del subsuelo, esos que solo dejan pozos secos, tierras devoradas y promesas falsas para las comunidades del sur de La Guajira.
¿De qué sirve hablar de desarrollo si lo que viene es la sed y el despojo disfrazados de legalidad? El sur de La Guajira no es zona de sacrificio ni el patio trasero de las grandes multinacionales. Más allá de discursos bonitos y decretos a la medida, lo que está en juego es la supervivencia misma de nuestra gente. Definitivamente, tumbar las APPA no protege el campo: lo entrega en bandeja de plata.
Para muchos campesinos y líderes de la región, este discurso sonó más a cortina de humo que a una verdadera política para el campo. Plantear el marañón como la solución mágica a todos los males económicos del sur guajiro parece un pretexto conveniente para disfrazar la verdadera razón de fondo. La gran preocupación que recorre las veredas y pueblos de la zona no es si el fruto seco es rentable, sino qué va a pasar con la tierra una vez que le quiten los cerrojos ambientales. Levantar las APPA no se siente como un acto de libertad para el campesinado, sino como la vía libre para despejar el camino a la minería y a otras industrias que llevaban tiempo esperando turno en la fila.
El sur de departamento no es una zona de sacrificio ni un territorio dispuesto a canjear su soberanía alimentaria por espejitos de colores. Más allá del marañón con el que intentan adornar el discurso oficial, lo que está en juego es demasiado grande como para tragarse entero el cuento de la burocracia inútil. La verdadera discusión no es sobre qué semilla sembrar, sino quién se quedará con el control de la tierra y el agua cuando se apaguen los discursos de los funcionarios de turno. El campo no necesita que le quiten protecciones, sino apoyo real, respeto por su vocación y garantías para seguir existiendo.
