Más de 120 personas y representantes de organizaciones firmaron una carta dirigida a la Alcaldía y al Concejo Distrital.
Más de 120 personas y representantes de más de 50 organizaciones suscribieron una carta abierta en la que solicitan a las autoridades distritales respaldar la nulidad del contrato de concesión de los servicios de acueducto y alcantarillado suscrito con Aqualia. El documento fue radicado el martes 6 de octubre ante la Alcaldía de Riohacha y el Concejo Distrital.
Entre los firmantes mencionados por el Movimiento Acuerdo Ciudadano por el Derecho al Agua y al Saneamiento Básico en Riohacha se encuentran el obispo de la Diócesis, monseñor Francisco Ceballos, y el exministro de Minas y excongresista Amilkar Acosta Medina, además de dirigentes políticos, líderes comunitarios, representantes de veedurías, sindicatos y juntas de acción comunal.
La carta está acompañada por un informe técnico y jurídico que cuestiona el contrato de concesión No. 268-1 de 2023. Según el movimiento, entre 2000 y 2025 se habrían movilizado cerca de un billón de pesos para el sistema de agua, pero la cobertura de acueducto permanecería en el 69%. El documento también sostiene que la presión del servicio llega apenas a tres metros.
Los firmantes plantean que el modelo vigente garantiza utilidades al operador durante un periodo de 30 años y señalan que los habitantes deben comprar agua a carrotanques pese a pagar el servicio en sus facturas. Estas afirmaciones hacen parte de los argumentos expuestos por los promotores de la carta.
El petitorio solicita a la Alcaldía que se allane a la demanda de nulidad absoluta del contrato, que —según el boletín— cursa ante el Tribunal Administrativo de La Guajira. También pide suspender la cláusula que permitiría a Aqualia cobrar una comisión del 12,5 % por supervisar obras financiadas con recursos públicos, e investigar el pago de subsidios en sectores donde, de acuerdo con los firmantes, no hay redes o el servicio no llega.
Además, solicitan que la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico revisen el costo medio de inversión que se cobra a los usuarios, y proponen crear una mesa de trabajo con universidades y comunidades para estudiar la conformación de una empresa pública de agua.
Los voceros del movimiento afirmaron que el respaldo de sectores políticos, sociales, académicos y religiosos busca impulsar una revisión de fondo del modelo de prestación del servicio y poner en el centro el acceso al agua de los habitantes de Riohacha.
