
Hay realidades que no necesitan demasiadas explicaciones, sino sensibilidad para reconocerlas y valentía para hablar de ellas. Desde la tinta fina del pensamiento la pluma dorada encuentra su inspiración, cuando la vida pone frente a nuestros ojos situaciones que nos inquietan, nos duelen y nos obligan a dejar de mirar hacia otro lado.
El reciente mensaje del exfutbolista colombiano Freddy Guarín, durante el VI Foro de Salud Mental «Escúchame a tiempo», de la Procuraduría, nos invita a una reflexión que trasciende el escenario deportivo. Cuando una persona se atreve a hablar de sus luchas emocionales, de sus dificultades y de los caminos que tuvo que recorrer para recuperar su vida, no solamente comparte una experiencia: nos está recordando que nadie está exento de necesitar ayuda y que escuchar a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la pérdida.
Desde mi mirada como ciudadana, madre, docente y gestora cultural, considero que Colombia tiene una deuda enorme con la salud mental de sus familias. No basta con hablar de prevención cuando las consecuencias ya están tocando las puertas de nuestros hogares, nuestras escuelas y nuestras comunidades.
Basta recorrer algunos espacios públicos de nuestras ciudades y municipios para encontrar personas consumidas por las adicciones, el abandono, la desesperanza y la exclusión. Detrás de muchas de esas historias hay trayectorias de vida marcadas por carencias afectivas, experiencias dolorosas, falta de oportunidades y ausencia de acompañamiento. No todas las historias son iguales, pero muchas tienen algo en común: hubo señales que posiblemente nadie quiso, supo o pudo atender a tiempo.
Y es que el abandono no siempre se mide por la ausencia física. También existe el abandono emocional: padres que proveen alimentos, pero no tiempo; hogares donde hay techo, pero no escucha; niños que crecen sin palabras de afecto, sin orientación y sin alguien que les pregunte cómo se sienten. Hay adultos que tampoco aprendieron a recibir cariño ni a expresar sus emociones y que, al convertirse en padres, reproducen silencios y ausencias sin dimensionar sus consecuencias.
No se trata de señalar modelos familiares ni de desconocer las distintas formas de familia que hoy conforman nuestra sociedad. Se trata de comprender que, cualquiera que sea su composición, toda familia necesita condiciones para cuidar, proteger, orientar y acompañar emocionalmente a sus integrantes.
Como maestra, también me inquieta lo que ocurre dentro de las instituciones educativas. Encontramos estudiantes que llegan al aula con situaciones que van mucho más allá de sus dificultades académicas: conflictos familiares, maltrato, abuso, desprotección, tristeza, conductas de riesgo y manifestaciones de consumo desde edades cada vez más tempranas. El uso de vapeadores y otras sustancias entre adolescentes no puede convertirse en una escena cotidiana que terminemos aceptando como parte de la normalidad.
Frente a este panorama, cabe preguntarnos: ¿estamos preparando a nuestras escuelas para atender al ser humano o solamente para cumplir con los indicadores de gestión?

La educación no puede reducirse a una extensa lista de asignaturas, programas, proyectos, formatos y evidencias. Tampoco puede convertirse en una carrera administrativa donde el maestro termina destinando buena parte de su tiempo a diligenciar documentos para demostrar que se hicieron actividades, mientras las situaciones humanas que requieren atención siguen esperando respuestas.
El maestro tiene una responsabilidad pedagógica y social invaluable, pero no puede convertirse en el responsable de resolver, además de su labor de enseñanza, todas las dificultades administrativas, psicosociales y de convivencia que corresponden a equipos institucionales con funciones específicas. Su vocación no puede seguir utilizándose como argumento para trasladarle responsabilidades que requieren profesionales, recursos, acompañamiento y gestión efectiva.
Necesitamos revisar el papel de las coordinaciones, los equipos de orientación, los profesionales de bienestar y las directivas. No para descalificar su trabajo, sino para exigir que su presencia se traduzca en acompañamiento real, seguimiento oportuno, intervención y resultados. La salud mental escolar no puede quedarse en una oficina, en un informe o en una carpeta de evidencias.
La evaluación de las instituciones educativas también debería contemplar qué están haciendo para prevenir las violencias, atender los conflictos, identificar las señales de alarma, acompañar a las familias y proteger emocionalmente a sus estudiantes. No se trata de medir únicamente cuántos formatos se diligenciaron, sino de reconocer qué situaciones se transformaron y qué vidas recibieron atención.
Por eso, el llamado al Ministerio de Educación Nacional y al Gobierno colombiano es a revisar el sentido de sus políticas educativas. Alimentar a un estudiante mediante programas como el PAE es necesario; garantizar su seguridad y sus derechos es indispensable. Pero también debemos preguntarnos qué estamos haciendo para alimentar su tranquilidad emocional, fortalecer sus vínculos familiares y ofrecerle herramientas para enfrentar la vida.
La seguridad de una nación no se construye exclusivamente con medidas de orden público. También se construye protegiendo la salud mental, fortaleciendo las familias, previniendo las violencias y ofreciendo oportunidades reales a quienes crecen en contextos de vulnerabilidad.
Necesitamos políticas que acompañen a las familias desde la primera infancia, que formen a padres y cuidadores, que garanticen atención psicológica accesible y que articulen la escuela, la salud y la comunidad. Necesitamos programas permanentes, no campañas pasajeras; intervenciones verificables, no estadísticas que solamente justifiquen presupuestos.

Un estudiante que no encuentra tranquilidad en su hogar difícilmente podrá desarrollar plenamente sus capacidades. Un niño que ha sido vulnerado necesita protección y atención especializada, no solamente una calificación. Un adolescente que atraviesa una crisis emocional necesita adultos preparados para escucharlo, orientarlo y acompañarlo, no una nueva sanción que profundice su aislamiento.
Y al maestro hay que devolverle tiempo para enseñar, investigar, crear, escuchar y educar. Hay que dignificar su ejercicio, distribuir adecuadamente las responsabilidades y evitar que la saturación administrativa termine apagando la vocación de quienes todavía creen que la educación puede transformar una sociedad.
No podemos seguir normalizando lo que debería preocuparnos. No podemos esperar a que un joven abandone su hogar, caiga en una adicción, termine en una cárcel o pierda la vida para preguntarnos dónde estuvimos cuando necesitaba ayuda.
La salud mental no es un asunto secundario ni una asignatura más en el currículo. Es una condición fundamental para vivir, aprender, convivir y construir sociedad.
Si el Gobierno quiere resultados extraordinarios en educación, debe comenzar por atender las realidades humanas que habitan nuestras escuelas. Si queremos transformar a Colombia, debemos dejar de llenar papeles y empezar a transformar vidas.
Porque una sociedad no se fortalece únicamente construyendo obras, ampliando coberturas o anunciando programas. Se fortalece cuando sus niños son protegidos, sus jóvenes escuchados, sus familias acompañadas y sus maestros respetados.
Que la salud mental deje de ser un discurso institucional y se convierta en una política pública con presencia, continuidad y resultados. Porque escuchar a tiempo también es gobernar, educar y, sobre todo, salvar vidas.






