“La mentira puede correr un año, la verdad la alcanza en un día” – Proverbio africano
En el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se implementó la política de seguridad democrática para combatir a los grupos insurgentes y otros grupos al margen de la ley en el marco del conflicto armado interno que vivía Colombia. Quince años después, la JEP acaba de desmontar la mentira de los “falsos positivos”, concluyendo que no constituyeron una política de Estado ligada a la seguridad democrática de Álvaro Uribe. Queda desmentida la falsa creencia colectiva de que los “falsos positivos” fueron una estrategia para asesinar civiles, cuando su objetivo real era la paz de Colombia. La cifra de 6.402 muertes se convirtió en un símbolo de la mentira.
En agosto de 2022 escribí un artículo titulado “Seguridad democrática, no falsos positivos”, el cual hoy recobra importancia ante la violencia que vive el país a causa de la política de “paz total” del gobierno de Petro. Esta ha fracasado y ha servido para que el ELN aumente su control territorial y el poder de sometimiento de los grupos armados sobre la sociedad.
La política de seguridad democrática tenía como objetivo fortalecer las actividades de los órganos de seguridad del Estado para enfrentar a los grupos armados al margen de la ley, perseguirlos y someterlos hasta lograr su desmovilización. Esto, como expresión legítima del poder del Estado, que detenta el monopolio de la fuerza (armas) para garantizar la seguridad de la sociedad y la defensa de las instituciones del Estado colombiano. Queda claro, entonces, que la seguridad democrática fue una política pública del Estado para construir la paz, no una estrategia para asesinar civiles.
La sociedad colombiana no podía permitir la destrucción de una institución tan querida y respetada como el Ejército Nacional; por eso exigía verdad y no aceptaba esa mentira como una cacería de brujas instigada por intereses oscuros de ONG y colectivos de izquierda, engañando al pueblo para que, desconociendo la verdad, se convirtiera en caja de resonancia de sus intereses. Al glorioso Ejército Nacional le debemos nuestro respeto y gratitud, desde la Independencia, como institución garante de la democracia del país.
La JEP tenía el deber legal y moral de investigar los hechos sucedidos con ocasión del conflicto armado para esclarecer la verdad, respecto de:
1. Muertes por efectos colaterales: en el DIH, se define como el daño o pérdida causado incidentalmente durante un ataque, a pesar de tomarse todas las precauciones necesarias para evitar el daño o la pérdida de vidas o bienes civiles. Era importante determinar —junto con los militares implicados— cada víctima que causaron y por qué algunas se presentaron como bajas enemigas sin serlo, para comprobar verdaderamente las estadísticas presentadas.
2. Muertes o asesinatos de civiles por parte de facciones paramilitares, fueran colaboradores o no. En versiones rendidas ante la JEP, los militares declararon haber recogido estos muertos y presentarlos como resultado de operaciones para aumentar las estadísticas; por tanto, para determinar las responsabilidades de los implicados se necesitaba esclarecer esos casos.
3. Crímenes de guerra: toda violación de las protecciones establecidas por las leyes, o asesinatos de prisioneros o capturados. Aquí, como en los casos anteriores, los militares inmersos en la investigación debían explicar las motivaciones que los llevaron a quitarle la vida a estos guerrilleros o milicianos que realizaban actividades de inteligencia o diferentes apoyos logísticos, distintos a empuñar las armas. Esas motivaciones debían entenderse en el marco de la guerra como circunstancias propias de la misma, entendiendo que una guerra no es fácil y que factores como el cansancio, el temor o la venganza pueden llevar a un combatiente en el área de operaciones a cometer actos reprobables.
4. Falsos positivos: se define como la retención y muerte de una persona inocente que no tiene nada que ver con el conflicto (delincuentes comunes, campesinos, etc.), con el fin de inflar las estadísticas de resultados operacionales.
La JEP investigó la verdad sobre las supuestas muertes de inocentes ajenas al conflicto. Si no hubiera aclarado el tema, esa justicia habría sido vista como una institución sin credibilidad, movida por intereses sesgados, como cuando intentó justificar el crimen de secuestro, calificándolo de “justa retención”, cometido por la antigua FARC desmovilizada.
Con el pronunciamiento definitivo de la JEP de que los “falsos positivos” no fueron una estrategia sistemática de la política de seguridad democrática de Uribe, es la misma JEP la que limpió el nombre y honor mancillado de Álvaro Uribe, y sus enemigos ya no podrán utilizar el cuento de “los falsos positivos” como caballito de batalla con fines políticos. Toda esa mentira, con la que durante mucho tiempo engañaron a los colombianos, ha sido desmentida.
La verdad, hoy brilla como el sol: la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe se ejecutó para enfrentar a los grupos al margen de la ley, devolviendo la tranquilidad y seguridad a los colombianos, contraria a la “falsa paz total” de Petro.
