Hay derechos que no deberían necesitar una sentencia para convertirse en realidad. El derecho al agua, a la alimentación, a la salud y a una vida digna debería estar garantizado desde el primer día de vida. Sin embargo, en La Guajira, demasiadas familias indígenas siguen esperando que esos derechos dejen de ser palabras escritas y se conviertan en respuestas concretas.
Este martes 13 de octubre, la Corte Constitucional tiene prevista una sesión de seguimiento en Riohacha sobre la Sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional frente a la vulneración de los derechos fundamentales de niños y niñas del pueblo wayuu. La fecha nos obliga a volver sobre una pregunta que el departamento lleva años haciéndose: ¿por qué sigue siendo necesario insistir en derechos que ya fueron reconocidos?
No escribo esta columna para repetir cifras sin rostro ni para convertir el sufrimiento de una comunidad en un titular. Escribo porque detrás de cada discusión sobre agua potable, atención médica o alimentación hay familias que necesitan soluciones, niños que merecen oportunidades y comunidades que no deberían tener que demostrar una y otra vez que tienen derecho a vivir con dignidad.
Una sentencia no puede ser el destino
La Sentencia T-302 de 2017 no fue una declaración simbólica. La Corte Constitucional reconoció un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos fundamentales de la niñez wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Desde entonces, el cumplimiento de sus órdenes permanece bajo seguimiento judicial.
Y los hechos recientes demuestran por qué esa vigilancia sigue siendo necesaria.
En septiembre de 2026, mediante el Auto 1304, la Corte adoptó medidas urgentes en materia de salud para la niñez wayuu. Señaló problemas de continuidad en la atención, dificultades para llegar periódicamente a comunidades dispersas y graves afectaciones a la salud mental de niños, niñas y adolescentes en el asentamiento de La Pista, en Maicao. También ordenó acciones de respuesta psicosocial y medidas para mejorar la atención.
No estamos hablando de asuntos menores ni de trámites administrativos sin consecuencias. Estamos hablando de la capacidad de las instituciones para llegar a tiempo, garantizar servicios y proteger derechos.
Porque cuando una comunidad no recibe atención médica con la frecuencia que necesita, no basta con afirmar que existe una política pública. Cuando el acceso al agua sigue siendo un problema, no basta con presentar un proyecto. Y cuando las entidades se reparten las competencias, la responsabilidad de coordinarse no puede terminar trasladada a las familias.
El Estado no puede exigirles a las comunidades que sobrevivan mientras las instituciones se ponen de acuerdo.
El problema no es la falta de anuncios, sino la falta de resultados comprobables
Este martes, la sesión técnica de seguimiento convocada por la Corte en Riohacha tendrá entre sus asuntos el objetivo constitucional relacionado con la transparencia y la elaboración del Plan Estructural de Acción para superar las causas de esta crisis. La convocatoria incluye entidades nacionales y territoriales, órganos de control y representantes de la sociedad civil.
Es una oportunidad importante, pero también una prueba de responsabilidad pública.
La pregunta no es cuántas instituciones estarán presentes, cuántos funcionarios intervendrán o cuántos compromisos quedarán consignados en un documento. La pregunta es qué cambiará después de la reunión y cómo podrá comprobarlo la ciudadanía.
Un plan serio debe tener metas verificables, recursos identificados, responsables concretos, cronogramas públicos y mecanismos de evaluación. Debe reconocer las particularidades culturales y territoriales del pueblo wayuu, escuchar a sus autoridades tradicionales y garantizar que las comunidades participen en las decisiones que afectan sus vidas.
También debe permitir que cualquier ciudadano pueda distinguir entre una actividad realizada y un derecho efectivamente garantizado.
Una jornada médica no equivale, por sí sola, a garantizar atención continua. Entregar agua en una ocasión no significa asegurar acceso permanente a agua apta para el consumo humano. Anunciar recursos no demuestra que se hayan ejecutado ni que hayan producido los resultados esperados.
Las instituciones deben rendir cuentas sobre lo que hacen, pero también sobre lo que consiguen y sobre aquello que todavía no han logrado resolver.
La responsabilidad no termina en Bogotá
Sería un error presentar esta situación como un problema exclusivo del Gobierno nacional. La garantía de los derechos de la niñez wayuu requiere coordinación entre la Nación, la Gobernación, las alcaldías y las entidades responsables de la salud, el agua, la alimentación y la protección de la infancia, cada una dentro de sus competencias.
La crisis tiene causas estructurales y responsabilidades institucionales que deben examinarse con rigor. No se resuelve buscando un único culpable ni convirtiendo una tragedia colectiva en una disputa partidista.
Pero tampoco se resuelve diluyendo las responsabilidades entre tantas oficinas que, al final, nadie responde por el resultado.
La Guajira necesita instituciones que trabajen de manera articulada y comunidades que puedan exigir explicaciones con información pública. Necesita control sobre los recursos, seguimiento a los compromisos y decisiones que reconozcan la realidad de un territorio donde la distancia, la dispersión de las comunidades y las condiciones climáticas hacen más difícil la prestación de servicios.
Y necesita algo más: que la niñez wayuu deje de aparecer únicamente cuando hay una emergencia, una visita oficial o una nueva decisión judicial.
Sus derechos no pueden depender de que el país vuelva a mirar hacia La Guajira.
Que la próxima noticia sea que las cosas cambiaron
Quiero que esta columna se lea desde una convicción: defender los derechos de la niñez wayuu no es atacar a un gobierno, favorecer a otro ni desconocer los esfuerzos de quienes trabajan por el departamento. Es exigir que la dignidad humana esté por encima de cualquier cálculo político o administrativo.
La sesión de la Corte debe servir para avanzar en soluciones concretas. Los organismos de control deben vigilar el cumplimiento de las obligaciones. Las autoridades deben explicar sus resultados y las comunidades deben tener garantías reales para participar, preguntar y exigir.
Y nosotros, como sociedad, no podemos acostumbrarnos a que esta conversación se repita cada año como si fuera inevitable.
La Guajira tiene una riqueza cultural inmensa, un pueblo wayuu con identidad, historia y capacidad de decisión, y comunidades que llevan demasiado tiempo reclamando condiciones básicas para vivir dignamente. No necesitan que otros hablen siempre en su nombre. Necesitan que sus voces sean escuchadas y que sus derechos sean respetados.
No quiero que dentro de unos años tengamos que escribir otra columna con el mismo título, hacer las mismas preguntas y lamentar que las soluciones siguen pendientes.
Quiero que llegue el día en que una sesión de la Corte Constitucional en Riohacha sea recordada no por la gravedad de lo que tuvo que revisar, sino por los cambios concretos que ayudó a impulsar.
Porque el éxito de una política pública no se mide por la cantidad de veces que se anuncia, sino por las vidas que transforma.
Los niños wayuu no pueden seguir esperando a que el Estado cumpla. La dignidad no puede aplazarse. Y el derecho a vivir no debería necesitar una sentencia para hacerse realidad.
