Una práctica reciclada
Hace varios años, Colombia fue impactada por el cruento y sanguinario atentado contra el emblemático y exclusivo Club El Nogal, corazón de la vida social y palaciega de la élite capitalina. El hecho tuvo tanta resonancia y generó tanto estupor que la captura de los responsables ligados directa o indirectamente al grupo sedicioso Farc-EP se volvió prioridad para el gobierno. Fue tanta la presión del ejecutivo, afanado por mostrar pronto resultados, que esa urgencia se extendió en cascada hasta mandos altos y medios de los cuerpos policivos, militares y judiciales. Para entonces, se volvió común escuchar o ver en los grandes medios de comunicación la captura o la baja de “un cabecilla”, “ideólogo”, “hombre clave” en el atentado contra el Club El Nogal. Para entonces, me preguntaba: ¿Cuántos ideólogos o cabecillas tuvo ese atroz hecho?
Por estos días, en los que el gobierno de Abelardo de la Espriella ve en su política de seguridad la respuesta a quienes votaron por su agenda, he recordado mucho esos tiempos en los que, tras el afán de mostrar resultados, se fue creando una narrativa engañosa para dar la percepción de que no se iba a permitir la impunidad en el caso Nogal.
Cuando el enemigo rotula como “cabecilla”
Actualmente, en el país mediático hay una palabra de moda en los titulares y reportes sobre operativos contra los grupos armados: «cabecilla». Basta con que alguien caiga, preso o muerto, para que el comunicado le ponga el rótulo. Después la palabra viaja sola por las redes, y para cuando alguien pregunta cuántos hombres mandaba de verdad, la noticia ya cumplió su función. Sin el beneficio de explicaciones de inteligencia militar, sin un análisis de los expertos “violentólogos”, ni concepto de la Fiscalía, cada insurgente que cae apresado o es dado de baja inmediatamente se gradúa de “cabecilla” en el reporte presidencial. Es sabido que ADE prohibió a sus subalternos comunicar las noticias “positivas” de su gobierno, por lo que se arroga el derecho exclusivo de dar la “buena nueva” que siempre nos presenta un “cabecilla” como víctima de las “garras del Tigre”.
Ese mismo afán lo lleva a inventarse roles. Si algún frente guerrillero fue afectado por la muerte de alguien a quien presentaron como “cabecilla”, el siguiente será catalogado como “cabecilla financiero”, “cabecilla político”, “cabecilla logístico” o “cabecilla ideológico”. Cualquier día saldrá un titular sobre la captura o muerte del “cabecilla de cocina”, “cabecilla de baños” o “cabecilla de armado de cambuches” en estos grupos irregulares.
Un relato inflado
El gobierno de ADE ha convertido esa costumbre en un método de vitrina mediática. En su alocución del 12 de octubre dijo que la Fuerza Pública había «afectado» a 33 cabecillas de organizaciones criminales desde el 7 de agosto. Fíjense en el verbo: «afectar» no es capturar ni neutralizar, y cabe casi cualquier cosa. Entre esos 33 nombres hay jefes de estructura, pero también un «explosivista» y un integrante de frente. Si el Estado va a usar siempre ese criterio elástico, el organigrama de los grupos armados parece tener más jefes que subalternos.
Los ejemplos sobran: Naín Pérez Toncel, el “Bendito Menor”, caído en lo que parece un falso positivo, fue elevado a la categoría de “jefe” de Pachenca cuando en realidad era un líder “menor” de frente asignado a algunos municipios de La Guajira. Desde entonces, cada vez que se captura o se abate a algún miembro de la banda, se presenta como “remplazo” de Pérez Toncel.
Otro ejemplo: el 24 de octubre el presidente celebró la captura de alias «Brayan Veneco», presentado como cabecilla de una comisión armada de la Estructura 4 del EMBF. Una comisión es una unidad pequeña dentro de una estructura, y la captura, además, ocurrió el día 20 y se anunció cuatro días después. En el Meta, el mandatario habló de un «bandido muerto» y tres capturados, y presentó a uno de ellos como segundo cabecilla y responsable financiero del frente. Ya hay denuncias de que ese resultado no fue tan limpio como se contó. Son denuncias y no hechos probados, y precisamente por eso hay que investigarlas antes de aplaudir.
No todo dato es inflado, sí ha habido golpes a cabecillas y sería deshonesto decir lo contrario. La operación Ónix en El Tambo, Cauca, dejó muertos a diez integrantes del ELN, entre ellos dos cabecillas de un bloque del frente suroccidental. El propio presidente admitió que eso «no termina la amenaza del ELN».
La falsa percepción de “seguridad”
Donde la narrativa que ADE quiere imponer a través de los medios “amigos” pierde más es en los números gruesos. El gobierno habla de 32.503 capturas en dos meses. De ellas, 27.802 fueron en flagrancia y solo 4.701 por orden judicial. Los análisis periodísticos concluyeron que los registros históricos no permiten llamarlas récord ni atribuirlas sin más a un cambio de estrategia. En drogas pasa algo parecido. La Presidencia habló de 129.526 kilos incautados el 9 de octubre y, tres días después, el desglose sumó 200.982. Mientras tanto, la cocaína incautada en agosto de 2026 (70,6 toneladas) quedó cerca de un 8% por debajo de la de agosto de 2025. El País ya había señalado que la droga incautada, presentada como hazaña, estaba un 45% por debajo del promedio de incautaciones de gobiernos anteriores.
El asunto de fondo, y al que apuesta ADE, es que la seguridad se administra con hechos, pero también se gobierna con percepciones. Un país asustado perdona mucho a quien parece mandar. Y quien controla la narrativa controla buena parte de la percepción de seguridad, y en un país seguidista, farandulero y poco crítico al leer, eso a veces vale más que los hechos mismos. Se quiere crear la percepción de seguridad, no garantizarla, pero el riesgo es que la narrativa termine sustituyendo a la medición y la eficacia. Pocos en estos momentos se sienten más seguros en Colombia hoy que hace un año o meses: una reciente encuesta de Blue Radio arrojó que un 71% no ha sentido mejoría en la seguridad pese a la narrativa impuesta desde los medios hegemónicos. Un cabecilla capturado se reemplaza la siguiente semana, y los corredores de coca, las rentas de extorsión y el control territorial siguen intactos. Esos son los indicadores que importan, pero eso rara vez se dice en las alocuciones o en las noticias.
Que tengamos una percepción de seguridad cuando no la hay no es conveniente; nos hace “relajarnos”, “dar papaya”, mirar a otro lado cuando el bandido nos acecha. Recordemos que durante el gobierno de Álvaro Uribe se nos convenció de que los grupos guerrilleros “estaban derrotados” y los paramilitares “desmovilizados”; el tiempo nos demostró que ni lo uno ni lo otro.
Ninguno quiere un gobierno tímido o pasivo ante el crimen. Pero que los reportes sean objetivos, confiables y verificables: qué es un cabecilla y quién lo certifica, cuántos hombres comandaba, cuánto tardó su estructura en reemplazarlo, y si el territorio quedó mejor o peor. Mientras eso no esté en la mesa, cada «golpe contundente» será una escena “pantallera”, como a las que nos viene acostumbrando este gobierno, y no un resultado que nos devuelva la tranquilidad. Y las escenas, por buenas que sean, no protegen a nadie.
