El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo, exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su participación en las irregularidades relacionadas con el contrato de suministro de carrotanques destinados a atender las necesidades de agua potable en La Guajira.
Tras revisar los términos del allanamiento a cargos, el Tribunal ajustó la pena impuesta a Estupiñán Bravo a 9 años, 11 meses y 27 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
De acuerdo con la investigación adelantada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el procesado intervino en el direccionamiento y la adjudicación irregular de una orden de proveeduría de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a favor de Yapurutú.
El negocio, por un valor de $29.000 millones, tenía como propósito el suministro de 40 carrotanques para La Guajira. Sin embargo, Estupiñán Bravo habría presentado una certificación en la que se garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los vehículos, pese a que esa información no correspondía con la realidad.
Según la Fiscalía, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 se tramitaron desembolsos por $25.375 millones, aunque los carrotanques todavía se encontraban en etapa de ensamblaje.
La investigación estableció además que durante la ejecución del proceso contractual se generaron sobrecostos por $11.114 millones. De esta suma, Estupiñán Bravo y el representante legal de Yapurutú se habrían apropiado de $4.330 millones, mientras que otros $6.784 millones habrían sido destinados para favorecer económicamente a terceros.
Además de la pena de prisión, el exrepresentante de ventas recibió una inhabilidad de 119,9 meses para ejercer derechos y funciones públicas. También deberá pagar una multa de $5.000 millones, correspondiente a los recursos apropiados, y otra sanción equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Principio de oportunidad
En una actuación relacionada con el mismo proceso, un juez de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad acordado entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía.
Como parte del acuerdo, el procesado se comprometió a entregar información que permita avanzar en la identificación de otros posibles responsables de los hechos de corrupción, reparar económicamente los perjuicios ocasionados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas.
A partir de su colaboración, cesa parcialmente la acción penal en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y falsedad en documento privado.
El caso vuelve a poner bajo la lupa las actuaciones desarrolladas alrededor del contrato de los carrotanques destinados a La Guajira, un negocio que ha generado investigaciones y decisiones judiciales por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a atender las necesidades de las comunidades del departamento.
