El presidente Gustavo Petro fue gentil con las organizaciones armadas al margen de la legalidad, aperturando oportunidades y espacios para concertar mediante diálogos acuerdos de paz con: guerrilla, paramilitarismo, clanes y mafias; amparado en la ley que faculta al gobierno con quienes demuestren intenciones de viabilidad, desistiendo de acciones bélicas, extorsiones, secuestros, liberar a los menores y jóvenes adultos que hayan sido reclutados de manera forzosa o contra su voluntad.
Por último, que desistan en un término no superior de seis meses del uso de armas, entregando estas a las fuerzas armadas, que tienen a su cargo el monopolio y control de las mismas en el territorio nacional. A la vez, se garanticen seguridad e impulsos de emprendimientos y operaciones productivas para ocupación y beneficios de quienes se acojan al proceso de paz, que no debe ser eterno.
No entiendo cómo formalizar el inicio de un proceso de paz con quienes no tienen ninguna intención de desarmarse ni de desistir de sus fechorías. Se le ha reconocido estatus beligerante por el hecho de estar persiguiendo, emboscando, hostigando y atacando de diferentes formas a las fuerzas públicas armadas, ejército, policía, armada, entre otros, pero las actividades delictivas que los comprometen opacan y desvanecen los deseos de gozar un territorio libre de violencia.
Los obstáculos y las diferencias para dialogar y lograr acuerdos de paz lo sintetizan en el alzamiento en armas y narcotráfico en diferentes facetas: producción, transporte y comercialización, que generan alta rentabilidad, utilizada en parte para equiparse y comprar cantidad de armas, incrementar su ejército de militantes y enfrentarlo no solo con las fuerzas armadas, sino también con sus rivales del negocio de cocaína, marihuana y hasta fentanilo. Igualmente, defender los territorios donde ejercen explotación de mineral precioso (oro), coltán y tierras raras. También están dedicados al boleteo extorsivo (vacunas), secuestros y sicariatos.
Después del fracaso relacionado con los procesos de paz, es inútil repetirlo iniciando nuevos diálogos con los mismos actores que la han despreciado y saboteado, burlándose de la misma, pero quieren aprovechar los diálogos para excarcelar a comandantes subversivos detenidos bajo custodia del Inpec; por una parte, y por la otra, expedir salvoconductos a delegados de las distintas organizaciones al margen de la ley, fundamentado en la conformación de mesas de diálogo, cuyos términos de duración son indefinidos, sin limitar ni prevenir acciones violentas contra las fuerzas armadas, ni que se continúen los reclutamientos de personas contra su voluntad, ni mucho menos con las extorsiones urbanas y rurales. También debe controlarse la minería ilegal, que origina daños ambientales relacionados con la contaminación de agua.
El nuevo gobierno (presidente) no tiene otra que decretar oportunidades de sometimiento para quienes quieran rehacer su vida, dejando de manera individual o colectiva el uso de las armas y los conciertos, no musicales sino delictivos, los cuales son objeto de valoración por las autoridades judiciales encargadas de investigar hechos, confesiones, testimonios e implicaciones, que bien pueden resolverse en brevedad. La situación de zozobra, angustia, desasosiego y ansiedad debe tener una solución, pero esta depende de las condiciones del personaje que gobierna y manda en el territorio nacional, complementada y coordinada con autoridades que rigen en los territorios regionales y locales, con apoyo del Ejército y la Policía Nacional.
El gobierno estará frente a una disyuntiva entre continuar dialogando, tolerando los desmanes, acciones violentas, abusos, desprotección e inseguridad; o que se haga valer como mandatario, haciendo uso de facultades y atribuciones constitucionales y legales para acondicionar las herramientas y usar los medios disponibles para ejercer la autoridad competente frente a los males que aterran, incubados y encastrados en nuestra sociedad, requiriendo extirparlos. Si por las buenas no se logra, se hace necesario la declaratoria de una guerra civil. No podemos seguir sometidos bajo el terror ni continuar perseguidos, atrofiados, arrumados y escondidos por causas de amenazas, temor y miedo, que han afectado el estado emocional de muchas personas que requieren tratamiento especial.
Ya basta contabilizar tantas víctimas, civiles y militares, que diariamente terminan asesinados como consecuencia de acciones terroristas que atormentan la salud mental de las personas que conviven en medio del horror, en un infierno que carece de seguridad total, sobre las cuales el gobierno tiene que ver cómo contrarrestarlas para controlarlas hasta someterlas. Hoy día, con las tecnologías en inteligencia artificial, biometrías, interceptaciones de telecomunicaciones, cámaras aéreas y drones, no es nada difícil ubicar objetivos y manejar operaciones militares sin tanto riesgo y con mayor precisión.
Debe emprenderse los acosos aéreos con naves tripuladas y no tripuladas (drones), apoyados con grupos de infantería y equipos de artillería, dotados de equipos de inteligencia y bélicos, para los desalojos de campamentos en operaciones militares, ocurridas en “Casa Verde”, que constituía refugio y fortín central, predilecto para los miembros del Secretariado de las Farc, ubicado en el corazón de la selva, departamento del Meta. Es la mejor referencia ejemplar para repetir las mismas hazañas sobre otras ubicaciones asentadas en distintas jurisdicciones municipales rurales del territorio nacional, que sirven de bases para descansar, alimentarse, armarse, comunicarse, organizarse y acomodar caletas con distintos elementos utilizados en conflictos armados.
Si al escalamiento de violencia desatada no se le pone mano dura hasta rendir y vencer a la subversión, no reivindicaremos los territorios ocupados en Colombia, que abarcan un 25 % del territorio nacional, una cuarta parte sin frontera, libre para extenderse, donde ejercen dominio en las poblaciones, movilizaciones y actividades comerciales, extractivas y de servicios, sin excepciones. Operan como gobierno, limitan y condicionan libertades, castigan a infractores con multas y persiguen hasta neutralizarlos o sacarlos de esta vida a contradictores, opositores y evasores de extorsiones. Más fácil sería cederle los territorios a las organizaciones armadas ilegales, tolerando todo su accionar perverso y criminal por incapacidad de gobernarnos, cuando lo que se requiere con urgencia es control, orden y seguridad en la nación. La paz es la gloria de Dios, compártanmela sin presiones, ataduras ni condiciones limitantes ni humillantes.
