La Comunidad Indígena La Ceibita Macedonia anunció la realización de una toma pacífica de las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha, como medida de protesta para exigir, según manifestó, el respeto por su autonomía, su gobierno propio y el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por la administración distrital.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, la comunidad señaló que la decisión se fundamenta en los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el derecho a la manifestación pública y pacífica.
En el documento, la comunidad asegura que su derecho a elegir libremente a su Autoridad Tradicional fue desconocido mediante actuaciones administrativas que, según afirma, se realizaron sin el consentimiento de la Asamblea Comunitaria y sin el debido proceso, situación que, de acuerdo con su versión, ha generado divisiones internas y afectaciones a la convivencia en el territorio.
Asimismo, indicó que hace aproximadamente dos meses la administración distrital se habría comprometido a corregir esta situación; sin embargo, sostiene que dichos compromisos no fueron cumplidos, por lo que decidió iniciar la movilización y permanecer en las instalaciones de la Alcaldía hasta obtener respuestas concretas.
Dentro del pliego de peticiones, la comunidad solicita la entrega del acta de posesión de la Autoridad Tradicional elegida por la Asamblea Comunitaria, el reconocimiento de las decisiones adoptadas por esa instancia, el cumplimiento de los compromisos pactados, la instalación de una mesa de diálogo con participación de organismos de control y garantes institucionales, así como el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
Igualmente, pide que se adelanten las investigaciones correspondientes para establecer si existieron actuaciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico y que se brinden garantías para la seguridad y los derechos humanos de los integrantes de la comunidad durante la protesta.
