El abogado Jhony Miranda Pimienta representó judicialmente al cabildante.
El Tribunal Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura presentada por el ciudadano José Gregorio Acuña Paredes contra el concejal de Riohacha Jesús Salvador Solano Blanco. El proceso cuestionaba el reconocimiento de un auxilio de transporte al cabildante y la presunta utilización de esos recursos para una finalidad distinta a la autorizada.
La defensa judicial de Solano Blanco estuvo a cargo del abogado Jhony Miranda Pimienta. Entre sus argumentos sostuvo que el concejal residía en la zona rural de Riohacha y que el auxilio se destinaba a cubrir sus desplazamientos hasta la sede del Concejo Distrital para cumplir sus funciones.
Para acreditar la residencia, durante el proceso se aportaron, entre otros elementos, una certificación del corregidor de Arroyo Arena y declaraciones testimoniales. Según el resumen de la decisión, el Tribunal consideró que esos elementos permitían establecer que el concejal habitaba en el sector rural durante el período examinado. También señaló que el cuestionamiento de la parte demandante sobre la competencia del funcionario que expidió la certificación no bastaba para concluir que Solano Blanco no residía allí.
Al valorar las pruebas, la corporación determinó que no se acreditó que el cabildante hubiera utilizado el auxilio para un propósito diferente al de cubrir sus desplazamientos. Por esa razón, concluyó que no se demostró la indebida destinación de dineros públicos ni se configuró el elemento objetivo de la causal invocada en la demanda.
El fallo también recordó que la pérdida de investidura es una sanción especial cuya imposición exige la plena demostración de la causal alegada y el respeto de las garantías del debido proceso. Con base en esas consideraciones, el Tribunal negó las pretensiones formuladas contra el concejal.
