La Procuraduría General de la Nación anunció que acompañará en los próximos días la inspección judicial ordenada por la Corte Constitucional en La Guajira, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que establece medidas para garantizar los derechos fundamentales de las niñas y niños Wayuu.
La diligencia busca verificar directamente en el territorio el estado de cumplimiento de las órdenes relacionadas con el acceso al agua, la salud, la seguridad alimentaria y la participación de la niñez Wayuu, especialmente en las comunidades más dispersas del departamento.
La decisión fue anunciada durante una mesa técnica de seguimiento, en la que el Ministerio Público presentó los avances y dificultades identificados en el cumplimiento de las órdenes judiciales. Entre los principales aspectos pendientes se encuentra la necesidad de fortalecer la articulación y complementariedad de las acciones adelantadas por las diferentes entidades vinculadas y concernidas en el cumplimiento de la sentencia.
De acuerdo con la Procuraduría, estos hallazgos han sido puestos en conocimiento de la Corte Constitucional mediante diferentes pronunciamientos y han sido considerados por el alto tribunal en sus decisiones de seguimiento.
El Ministerio Público reiteró que uno de sus principales objetivos es impulsar el cumplimiento integral de la Sentencia T-302 hasta lograr que las niñas y niños del pueblo Wayuu puedan desarrollar sus proyectos de vida en condiciones de igualdad frente a los demás niños del país.
Como parte de esta estrategia, la Procuraduría también lidera una iniciativa para llevar servicios de atención de derechos fundamentales directamente a las comunidades dispersas de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha, con acciones enfocadas en salud, educación, seguridad alimentaria y acceso al derecho a la identidad mediante el registro civil.
Según el organismo de control, estas jornadas han contado con la participación de entidades del orden nacional y territorial y han permitido atender hasta la fecha a más de 3.200 niñas y niños en La Guajira.
La Procuraduría aseguró que continuará desarrollando estas acciones en el territorio y haciendo seguimiento a las obligaciones establecidas por la Corte Constitucional, con el propósito de contribuir a garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales de la niñez Wayuu.
