La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana estructural que advierte sobre el alto riesgo de violencia en 21 municipios de La Guajira, Magdalena y Cesar, debido a la confrontación territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), emitió la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para advertir sobre el riesgo que enfrenta la población de la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, ante la intensificación de la disputa por el control de territorios estratégicos entre dos grupos armados ilegales.
En La Guajira, la alerta incluye a ocho municipios: Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania. En Magdalena y Cesar también fueron identificadas localidades expuestas a diferentes dinámicas de confrontación, consolidación territorial y presencia de estas estructuras criminales.
La nueva advertencia unifica el análisis del riesgo para los 21 municipios de los tres departamentos y subsume las alertas anteriores emitidas para El Copey, Valledupar, Dibulla, San Juan del Cesar y Riohacha.
Cinco dinámicas de confrontación armada
De acuerdo con la Defensoría, el escenario de riesgo está determinado por cinco dinámicas. La primera corresponde al control hegemónico de las ACSN en sectores de Santa Marta, Ciénaga y Dibulla. La segunda está relacionada con las pretensiones de expansión y consolidación territorial del EGC en municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira, entre ellos San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca.
Las otras dinámicas comprenden la confrontación abierta entre ambas organizaciones, la existencia de dominios territoriales fragmentados en los que coexisten por conveniencia criminal y el tránsito o la presencia circunstancial de los grupos armados en zonas que podrían adquirir importancia estratégica.
Estas disputas han derivado en graves afectaciones a la población, entre ellas homicidios individuales y colectivos, secuestros, amenazas, cobros extorsivos y reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
El organismo también advierte sobre prácticas de exterminio social contra jóvenes, consumidores de sustancias psicoactivas, integrantes de la población LGBTIQ+, migrantes venezolanos y otras personas estigmatizadas. En algunos casos, los asesinatos estarían acompañados de mensajes o carteles utilizados para justificar la violencia y generar temor en las comunidades.
A estas situaciones se suman tratos crueles y degradantes, desplazamientos forzados, confinamientos y la presencia de artefactos explosivos improvisados en zonas de tránsito de comunidades indígenas.
Comunidades indígenas y población rural, entre las más afectadas
La Defensoría alertó que las consecuencias humanitarias de esta confrontación se extienden a zonas urbanas y rurales, con impactos particulares sobre los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka.
También están expuestas las comunidades afrodescendientes, campesinas y de pescadores, así como líderes sociales, integrantes de juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos y menores de edad.
Según el análisis del organismo, los grupos armados buscan asegurar sus rentas ilegales mediante cobros extorsivos a actividades como el turismo, la agricultura de alto valor, la ganadería y el tráfico de drogas y armas. Para ello, aprovechan la extensión de la frontera marítima y corredores estratégicos como la Troncal del Caribe.
Defensoría formula 38 recomendaciones urgentes
Ante la posibilidad de que la confrontación se intensifique y se extienda a otros territorios, la Defensoría del Pueblo formuló 38 recomendaciones urgentes, distribuidas en nueve ejes temáticos, con el propósito de fortalecer la prevención, la protección de las comunidades y la garantía de los derechos humanos.
El componente de prevención y protección reúne 18 recomendaciones, orientadas a reducir riesgos como el reclutamiento de menores de edad, las violencias basadas en género, la trata de personas y las prácticas de exterminio social y estigmatización.
Otras seis recomendaciones están relacionadas con políticas públicas para superar vulnerabilidades sociales, mediante acciones como la adquisición, titulación, ampliación y saneamiento de tierras colectivas de comunidades negras y resguardos indígenas, además de facilitar el acceso de jóvenes en riesgo al empleo formal y a la educación superior.
En materia de investigación y acceso a la justicia, la entidad plantea cuatro recomendaciones dirigidas a combatir las estructuras del EGC y las ACSN, así como a garantizar que los procesos judiciales incorporen enfoques diferenciales y étnicos.
Las ocho recomendaciones restantes abordan la coordinación entre instituciones, la construcción de paz, la disuasión militar, la asistencia humanitaria y el fortalecimiento del Ministerio Público.
Con esta alerta, la Defensoría del Pueblo advierte sobre la necesidad de una respuesta articulada de las autoridades nacionales y territoriales para contener la expansión de la violencia y proteger a las comunidades que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta y sus zonas de influencia.
