FLa Defensoría formuló 38 recomendaciones ante los riesgos de homicidios, extorsiones, desplazamientos y reclutamiento de menores.
El representante a la Cámara por La Guajira, Jorge Figueroa Angarita, solicitó al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa adoptar medidas inmediatas frente a la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo para ocho municipios del departamento, debido a la disputa territorial entre grupos armados ilegales.
La advertencia comprende a Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, donde, según la Defensoría, la población se encuentra expuesta a riesgos relacionados con homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 38 recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes, con el propósito de prevenir vulneraciones de derechos, fortalecer la presencia institucional y atender las amenazas identificadas en los municipios señalados.
Figueroa Angarita pidió que la alerta se traduzca en acciones concretas y diferenciadas para cada territorio. También solicitó respaldo para las administraciones municipales mediante mayores recursos y el fortalecimiento del pie de fuerza.
“La alerta de la Defensoría no puede quedarse en el papel. Le pido al Gobierno nacional que responda con medidas concretas en cada municipio señalado y que cumpla las 38 recomendaciones. Lo primero es proteger a nuestros niños y jóvenes del reclutamiento y respaldar a nuestros alcaldes, que son los primeros en dar la cara, con recursos y pie de fuerza. La seguridad de La Guajira no da espera”, afirmó el congresista.
El representante insistió en que la respuesta a la situación de seguridad debe articular a las entidades del orden nacional con las alcaldías y demás autoridades territoriales, para atender las particularidades de cada uno de los ocho municipios incluidos en la alerta.
Asimismo, anunció que desde el Congreso de la República hará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Defensoría y a las medidas que adopten el Gobierno nacional y el Ministerio de Defensa para proteger a las comunidades en riesgo.
