Los magistrados iniciaron el recorrido este miércoles 26 de agosto en la ciudad de Riohacha y en comunidades indígenas cercanas.
Magistrados de la Corte Constitucional realizaron una inspección judicial en territorio de La Guajira para verificar directamente el estado de las soluciones implementadas para garantizar el acceso al agua a las comunidades Wayuu, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
Durante el recorrido, los magistrados conocieron de primera mano las condiciones de la infraestructura existente y revisaron aspectos relacionados con la calidad y continuidad del suministro de agua, el funcionamiento de las pilas públicas y la sostenibilidad, operación y mantenimiento de las soluciones implementadas.
La jornada contó con el acompañamiento de la Consejería Presidencial para las Regiones, que participa en La Guajira en el proceso de inspección judicial adelantado por la Corte Constitucional.
En este escenario, la Consejería, como coordinadora del MESEPP, promueve la articulación entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las comunidades Wayuu, con el propósito de identificar los principales obstáculos y avanzar en soluciones que respondan a las necesidades evidenciadas durante la diligencia.
La intención es que los hallazgos obtenidos en territorio se traduzcan en decisiones oportunas, responsables definidos, acciones concretas y plazos verificables para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el acceso al agua.
“Estar en el territorio permite escuchar, verificar y comprender; contrastar la gestión institucional con la realidad y trabajar para que los compromisos se conviertan en resultados concretos y sostenibles para las niñas y los niños Wayuu”, señaló la consejera Valerie Lafaurie.
La inspección representa un nuevo paso en el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual se ordenaron acciones para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades Wayuu, especialmente de niñas y niños, frente a las dificultades de acceso al agua y otros servicios esenciales.
