Gobierno electo anunció posibles acciones ante los organismos de control.
El Gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella solicitó formalmente a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) abstenerse de suscribir un contrato interadministrativo por 10.500 millones de pesos con la entidad ALDESARROLLO, destinado a la administración de los proyectos estratégicos Ranchería–San Juan y Triángulo del Tolima.
A través de un comunicado, la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno electo indicaron que la petición busca que el proceso contractual no avance hasta que se verifique plenamente su legalidad, conveniencia y transparencia.
En el pronunciamiento, el equipo de empalme advirtió que, si el contrato se celebra sin que sean aclaradas las inquietudes existentes, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que adelanten las actuaciones preventivas e investigaciones que correspondan, de acuerdo con sus competencias.
Según el comunicado, esta actuación hace parte del denominado Empalme Anticorrupción, una estrategia con la que el Gobierno electo asegura que busca vigilar, alertar y frenar decisiones contractuales que puedan comprometer el patrimonio público durante los últimos días de la administración saliente.
El Gobierno entrante sostuvo que la protección de los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal constituyen un deber del Estado y aseguró que mantendrá una vigilancia permanente sobre este tipo de procesos desde el inicio de su mandato.
El contrato en cuestión está relacionado con la administración de los proyectos estratégicos Ranchería–San Juan y Triángulo del Tolima, cuya ejecución hace parte de iniciativas de desarrollo rural impulsadas por la Agencia de Desarrollo Rural. Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud formulada por el Gobierno electo.
