San Juan del César logró actualizar su PBOT. Teniendo en cuenta mis conocimientos y después de haber leído la “Metodología para evaluar los riesgos” y las “Consideraciones de Cambio Climático para el Ordenamiento Territorial”, me siento en capacidad de opinar con fundamento: este PBOT combina lo local con lineamientos nacionales, pero aún deja espacio para preguntas que invitan a pensar.
Al hojear el documento, salta a la vista que incorporaron la identificación de amenazas: inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales, incendios y desertificación. Usaron datos del IDEAM para trazar las curvas de inundación y proyectar escenarios en un futuro afectado por La Niña. En ese sentido, cumplen con la metodología de riesgos que exige empezar por inventariar amenazas y elementos expuestos: carreteras, viviendas y centros poblados quedan bien referenciados. También integraron las zonificaciones sugeridas en la guía climática, como desertificación y recuperación de cuencas. Lo aplaudo: pocos municipios en La Guajira han llegado tan lejos.
Sin embargo, ¿qué tan profundo fue ese cumplimiento? La sección de riesgos define categorías de susceptibilidad y amenaza, pero no desarrolla un análisis de probabilidad e impacto con la riqueza que propone la metodología nacional. Falta una evaluación más clara de riesgo, es decir, no bastó con asignar colores en el mapa: haría falta un cuadro que relacione, por ejemplo, un evento de lluvia extrema con el número aproximado de familias afectadas. Tampoco se incluyen parámetros de vulnerabilidad ajustados a cada tipo de suelo: la “Metodología para evaluar riesgos” insiste en incorporar variables como densidad de población o fragilidad de infraestructura, pero el PBOT solo toca esos temas de forma general.
En cuanto al componente climático, celebré encontrar referencias a escenarios futuros de precipitación y temperatura. Sin embargo, la guía nacional de “Consideraciones de Cambio Climático” habla de adoptar medidas de adaptación específicas, como conservaciones de humedad en el suelo o instalaciones de infraestructura verde. Allí el PBOT se queda en conceptos: mencionan “uso de energías limpias” y “recuperación de espacios degradados”, pero no detallan acciones concretas ni indicadores de avance. ¿Cómo sabremos si las temperaturas máximas seguirán aumentando o si la cobertura vegetal recuperada llega al 30 % en cinco años? Esa respuesta no está en el texto.
Los mapas de suelos y cobertura sirven de base, pero echo de menos una microzonificación más fina para movimientos en masa. El PBOT agrupa unidades de coluviones y suelos residuales en amplias categorías. Según la “Metodología para evaluar los riesgos”, las unidades geotécnicas deberían relacionarse con un índice de estabilidad mínimamente cuantitativo, como un modelo de clasificación geomecánica. Aquí solo insinúan esa posibilidad sin aterrizarla. Quizá aparece la frase: “Considerar clasificación geomecánica en taludes críticos”, pero no indican dónde ni cómo medir parámetros de fricción o resistencia. Con ello, se deja a la interpretación del lector esa parte crucial.
Otro vacío detecto en la cuantificación del impacto de inundaciones sobre el casco urbano. El PBOT incluye mapas de zonas críticas en torno al río Cesar, pero no incorpora registros de caudal propios ni un inventario detallado de alturas de puentes y drenajes. La metodología nacional sugiere usar series históricas para calcular periodos de retorno (10, 20, 50 años) y luego estimar cuántas viviendas entrarían en nivel de aguas. En nuestro PBOT, queda la frase: “Actualizar curvas de inundación con datos de Ideam y campo”, que promete, pero no cumple plenamente. Me pregunto: ¿cómo sabremos si un puente que hoy resiste 1,50 m de crecida seguirá siendo seguro con lluvias un 20 % más intensas en 2040?
En el tema de desertificación, la guía climática pide integrar análisis de suelos con factores sociales: uso de pastoreo, prácticas agrícolas y acceso a agua. El PBOT presenta zonas de amenaza media, alta o muy alta, pero no articula esas categorías con un programa de manejo comunitario o alternativo de producción. Se menciona “recuperar franjas vegetales”, pero sin especificar especies adecuadas ni estrategias de incentivación a campesinos. Por tanto, aunque cumplen al nombrar la desertificación, omiten la parte donde sugieren sanitarios blancos, envío de datos de variabilidad a comunidades o establecimiento de indicadores de monitoreo.
Pese a estos vacíos, el documento integra gran cantidad de cartografía básica: escalas 1:25 000 y 1:5 000, inventarios de estaciones climáticas y un Modelo Digital del Terreno de buena resolución. Así cumple con los estándares cartográficos del IGAC que exige el Decreto 824 de 2021. También incluyó una estructura de datos que facilita futuras actualizaciones, tal cual piden las “Consideraciones de Cambio Climático”: mantener vivo el PBOT, revisarlo cada cinco años.
¿Pero basta cumplir con la letra para que el espíritu aterrice en nuestro día a día? El PBOT deja la puerta abierta a la duda. Si solo se queda en el papel, las franjas de riesgo pueden convertirse en meros dibujos sin acciones reales. El plan habla de “promover el uso de energías limpias”; sin embargo, no menciona reservas de presupuesto ni asistencia técnica para instalar paneles solares o estaciones de monitoreo comunitario. Esa distancia entre el diagnóstico y la implementación es el hueco que debemos llenar.
Otro aspecto: la guía de cambio climático recomienda enfoques multisectoriales. El PBOT menciona tímidamente conceptos de gobernanza ambiental, pero no enlaza firmemente la dimensión social con la ambiental. Por ejemplo, no veo un programa para capacitar a Juntas de Acción Comunal en lectura de mapas de riesgo, ni un plan de incentivos para agricultores que adopten prácticas de conservación. Esa pieza faltante hace que el plan parezca más un listado de buenas intenciones que un instrumento vivo para el desarrollo sostenible.
En definitiva, este PBOT cumple con los lineamientos nacionales en lo formal: identifica amenazas, incluye escenarios climáticos y adopta cartografía con estándares oficiales. Pero no alcanza a profundizar en la parte operativa y participativa que exige la Metodología de Riesgos y las Consideraciones de Cambio Climático. Por eso, me quedo preguntándome: ¿quedará este documento como un adorno en oficinas municipales o lo convertiremos en motor de cambio? ¿Somos capaces de traducir esas líneas en acciones concretas que protejan hogares y cultivos? ¿Lograremos que cada actualización municipal recoja datos frescos de campo?
El mayor desafío será pasar del diagnóstico a la ejecución, sin perder precisión ni simplificar la realidad. Ese es el reto que todos deberíamos asumir: hacer que esas páginas cobren vida y dejen de ser adorno. Solo así cumpliremos el verdadero propósito de un PBOT: garantizar un territorio funcional y sostenible, para hoy y para las generaciones que nos sigan.
