Las funciones del despacho han sido delegadas al secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Jaime Bruges.
La Alcaldía Distrital de Riohacha confirmó que el alcalde Genaro Redondo Choles deberá cumplir una medida de arresto, en el marco de un proceso judicial por desacato, tras no ejecutar una orden de desalojo sobre un predio privado ocupado desde 2018 por más de 450 familias.
Según lo explica la administración en un comunicado oficial dirigido a la ciudadanía y a los entes de control, el caso se originó con una acción de tutela interpuesta por la ciudadana Idania Manuela Rodríguez Mindiola, quien reclama la restitución del terreno que le pertenece y que desde hace varios años ha sido ocupado por familias en condición de vulnerabilidad.
La medida correctiva fue dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito, luego de que no se cumpliera el fallo de tutela emitido en mayo de 2024. Sin embargo, la Alcaldía aclara que durante todo el proceso se han adelantado actuaciones judiciales y administrativas en el marco de la legalidad y que el alcalde, en su rol constitucional, priorizó la búsqueda de una solución integral que garantizara tanto el respeto a la propiedad privada como los derechos fundamentales de las familias que habitan el lugar, entre ellas niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y miembros de la etnia wayuu.
El mandatario distrital explica que, optó por esperar respuestas de entidades del orden nacional y de cooperación internacional, a las que acudió en busca de apoyo para lograr una reubicación digna de esta población antes de proceder con un desalojo que, según consideró, podía generar una crisis humanitaria.
Mientras cumple la medida judicial, las funciones del despacho han sido delegadas al secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Jaime Bruges, quien asume de manera temporal la representación del Distrito.
En el comunicado, la administración distrital reiteró su respeto por las decisiones judiciales y señaló que su actuación siempre ha estado enmarcada en los principios de legalidad, dignidad y protección de la vida e integridad de los ciudadanos.
