El pasaporte de los pescados
El 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en La Guajira por la vulneración sistemática y generalizada de los derechos constitucionales de los niños wayuu, que tuvo como consecuencia la muerte de más de 4.770 menores por causas asociadas a la desnutrición. Ello implica, entre muchos otros compromisos de las entidades oficiales, mejorar y aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria. Como La Guajira es una península con más de cuatrocientos kilómetros de costa cualquier ciudadano podría preguntarse ¿cuál es la contribución de la AUNAP o Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, frente a dicho estado de cosas inconstitucionales?
En días pasados en la población de Uribía, miembros de las comunidades de pescadores indígenas de Castilletes que transportaban en un vehículo su producción pesquera, fueron sometidos a un procedimiento de inspección y decomiso de la mencionada carga. Los responsables fueron funcionarios de la AUNAP alegando la carencia de permisos de transporte de pescado. De nada sirvieron las súplicas de las mujeres encargadas tradicionalmente de comercializar lo obtenido en las duras faenas de pesca por sus padres, hermanos o cónyuges. Tampoco se accedió a su petición humanitaria de que al menos se distribuyera lo decomisado entre las familias indígenas necesitadas de alimentos.
El cruel incidente y la actitud despótica de los servidores públicos que intervinieron en ese procedimiento está registrado en audiovisuales ampliamente difundidos en las redes sociales. Este no es el único caso pues los cazadores wayuu también han sufrido decomisos de los conejos que obtienen en su oficio. Las mujeres vendedoras de pescado cuentan que comúnmente son inspeccionadas e interrogadas por las autoridades policiales acerca de la nacionalidad de sus productos pues se sospecha que pueden provenir de la Guajira venezolana. Estos abusos, que ocurren dentro de su propio resguardo indígena, dejan planteada la idea de que los pescados, crustáceos y moluscos están obligados a portar un pasaporte o, al menos, un código de barras que pruebe su nacionalidad. Mientras se habla de seguridad alimentaria diariamente se levantan estos obstáculos desestimulantes de actividades económicas tradicionales como la pesca.
Un derecho de los ciudadanos en general, sean o no indígenas, es el de que las distintas instituciones públicas actúen de manera coherente y articulada. Con la mano izquierda no se puede trabajar en superar la desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria mientras la mano derecha decomisa los alimentos y levanta barreras para su distribución. La declaratoria del ECI en La Guajira debería ser la hoja de ruta de todos los funcionarios públicos. No hay excusa para su reiterado desconocimiento.
Existen aproximadamente unos cinco mil pescadores indígenas en el Resguardo de la Alta y Media Guajira que deben alimentar a sus numerosas familias. Esta actividad económica tradicional no está desconectada del estado de cosas inconstitucionales. El desconocimiento de los funcionarios, de las prácticas alimentarias de los wayuu del litoral y las exigencias rigurosas de los permisos excesivos y descontextualizados son obstáculos enormes para asegurar el derecho a la alimentación.
Ante esto surge el siguiente interrogante: ¿dónde quedan las competencias ambientales de las autoridades indígenas en relación con sus propios territorios? Las obligaciones constitucionales de entender y adaptarse a los escenarios del pluralismo cultural y jurídico, no pueden seguir siendo un deber a posteriori, en cabeza exclusiva de los jueces cuando vienen a resolver el asunto ante un daño ya causado. Se requiere de una conciencia y capacitación en este campo de todos los funcionarios que integran el Estado.
Finalmente, estas actuaciones muestran que el Estado colombiano ha convertido con sus políticas aduaneras y pesqueras a La Guajira en un departamento mediterráneo carente de litoral. Visto de esta manera al cerrar sus puertos marítimos, desestimular la pesca y cortar sus nexos comerciales con el Caribe insular, el mar de los guajiros es actualmente un vacío territorial. Este vacío en la única península que tiene Colombia solo condena a sus habitantes a la desnutrición, la pobreza y la inconformidad.
