La sala de seguimiento de la Corte Constitucional, de la sentencia que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira (T 302 – 2017), aprobó parcialmente el Plan de Acción Integrado y Unificado emitido por el Gobierno Nacional, dándole un mes de plazo para que entregue ‘El Plan’ para superar la crisis por las muertes de los menores de edad.
“Ordenar a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de La Guajira y a los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, como entidades obligadas, ajustar el Plan de Acción Integrado y Unificado”, resalta la decisión.
La Corte ordena que este plan garantice el cumplimiento del derecho al agua, derecho a la seguridad alimentaria, derecho a la información y derecho a la salud de la comunidad wayuu e indica que para conseguir su aprobación.
“Las acciones propuestas frente a cada derecho deben regirse por unos objetivos, parámetros técnicos y condiciones que obligan a un juicio minucioso para conseguir su aprobación. En este sentido, se estudiará con detalle los derechos a la información, la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la movilidad, a la luz de las exigencias planteadas en los autos 696 de 2022 y 1290 de 2023”, advierte el auto de la sala de seguimiento de la Corte.
De hecho, en el auto 696 de 2022, la Corte decretó medidas cautelares de protección y dispuso la construcción de un Plan Provisional de Acción a las entidades responsables del cumplimiento de los objetivos mínimos constitucionales que estableció la Sentencia T-302 de 2017.
Y en el 1290 de 2023, la Corte no aprobó el Plan Provisional de Acción presentado por las entidades del Gobierno Nacional responsables de garantizar los derechos fundamentales al agua, seguridad alimentaria y salud a los niños y niñas wayuu de La Guajira.
