“Estuvimos más de una semana con el pueblo y el presupuesto aumentó un 76%, a casi 3 billones de pesos, un hecho histórico para el departamento”, indicó Sandra Ortiz.
El Gobierno del Cambio le ha cumplido a La Guajira, tiene en marcha un plan de acción para atender las necesidades de las comunidades y viene aplicando medidas de restitución de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y la participación de niñas y niños wayuu.
Así lo afirmó la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, tras el anuncio hecho por la Corte Constitucional de abrir un incidente de desacato en su contra, incluyendo a varios funcionarios del gobierno, por la falta de soluciones para atender la crisis de la niñez en La Guajira, derivados de la grave situación económica y social que vive ese departamento del Caribe colombiano.
El trabajo que ha hecho el Gobierno del Cambio en La Guajira para contrarrestar la crisis en esa zona del país y atender las necesidades de las comunidades “ha sido serio y responsable”, señaló la consejera para las Regiones.
“Este Gobierno ha entregado y tiene como propósito sacar a La Guajira adelante. Estuvimos más de una semana con el pueblo, el presupuesto aumentó un 76%, a casi 3 billones de pesos, un hecho histórico para el departamento”, indicó la funcionaria.
Además dijo que “este momento se han destinado más de 600.000 millones de pesos para atender la emergencia”, manifestó.
También recordó que el Gobierno del Cambio expide en los próximos días un decreto para seguir atendiendo las necesidades de la comunidad de La Guajira.
“Cumplimos con entregarle a la Corte el plan de acción provisional, le cumplimos a la Corte con pasar los indicadores y vamos a seguir trabajando con seguir sacando adelante esta mesa, ya tenemos el plan de acción”, dijo.
Ningún Gobierno anterior había tenido estos compromisos, aseguró Ortiz, y enfatizó que “vienen del año 2017 y que nosotros en estos meses hemos tratado de sacarlos adelante. Este es un Gobierno que le ha cumplido a La Guajira con hechos”.
Los posibles incumplimientos a la sentencia T-302 de 2017, que establece medidas sobre los derechos fundamentales a la alimentación, salud, agua potable y participación de niñas y niños wayuu de La Guajira, según la Corte, radican en que hasta la fecha no se ha cumplido con la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas.
“Si bien se reportó la creación de la Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira como acción para cumplir la orden, esta no es conducente, toda vez que es incompatible con los elementos del mandato al no incluir a todas las entidades concernidas en la orden”, señaló el alto tribunal.
Sin embargo, el magistrado José Fernando Reyes aclaró su voto y dijo que es necesario “adoptar otro tipo de medidas, ante los graves antecedentes que se resaltaron en la providencia, especialmente el paso de más de cinco años sin que las entidades obligadas al cumplimiento hubieran conformado el Mecanismo encargado de ejecutar las órdenes estructurales de la sentencia”.
En la decisión, el alto tribunal llama a responder a la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz; a los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; Vivienda, Catalina Velasco; Ambiente, María Susana Muhamad; y Agricultura, Jhenifer Mojica; lo mismo que a las directoras del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres.
