El órgano de control pidió proteger sus derechos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes que la integran.
La Procuraduría General de la Nación exhortó al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, a garantizar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena wayuukazo, quienes fueron desalojados por orden judicial de un predio que ocupaban desde hace varios años, ubicado en la vía que une a la capital de La Guajira con Maicao.
“En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira pidió a la administración municipal adoptar las medidas de atención y protección de los integrantes de esa comunidad, especialmente niños, niñas y adolescentes, así como las personas de la tercera edad y madres gestantes, quienes hasta el momento no cuentan con un lugar apropiado para su reubicación”, informó la Procuraduría.
De igual manera, el Ministerio Público solicitó a la administración municipal informar, además, si contaba con un plan previo establecido para atender y orientar a las 45 familias que fueron desalojadas, así como los lugares contemplados como posibles sitios transitorios donde puedan ubicarse.
Cabe indicar que José Ramiro Bermúdez realizó en pasados días la entrega de varios mercados a estas personas que fueron desalojadas.
