El representante a la Cámara por La Guajira, Jorge Figueroa Angarita, advirtió sobre el deterioro de la seguridad en el departamento y solicitó al Gobierno nacional fortalecer la presencia institucional y las acciones de la Fuerza Pública, especialmente en la zona fronteriza con Venezuela.
El pronunciamiento se produjo durante un debate de control político realizado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, con la participación de los ministerios y entidades competentes en asuntos de seguridad, justicia, paz y atención territorial.
Figueroa, integrante de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto, expuso varios hechos que mantienen en alerta a la población, entre ellos el secuestro de Nancy Gómez, gestora social de Uribia, y la aparición de grafitis alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en distintos puntos del departamento.
“La Guajira no puede normalizar lo que está pasando. El secuestro de la gestora social de Uribia y los grafitis del ELN en nuestras calles son señales que el Estado no puede dejar pasar”, manifestó el congresista.
Durante su intervención también hizo referencia a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en las que se advierte sobre riesgos para diferentes municipios guajiros por la presencia y actuación de estructuras armadas ilegales. Entre las principales amenazas señaladas se encuentran el homicidio, el secuestro, la extorsión y otras formas de violencia contra la población.
El representante reconoció los resultados obtenidos por el Gobierno nacional y la Fuerza Pública mediante capturas y operaciones contra cabecillas de organizaciones criminales que actúan en la región. Sin embargo, consideró que estos avances deben estar acompañados de una mayor presencia estatal y de medidas sostenidas que permitan proteger a las comunidades.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue la situación de la frontera entre Colombia y Venezuela. Según Figueroa, las características geográficas y la extensión del territorio exigen fortalecer los controles para evitar que integrantes de organizaciones delincuenciales utilicen los pasos fronterizos como rutas de escape después de cometer delitos en La Guajira.
“Reconocemos los resultados de la Fuerza Pública y del Gobierno nacional, pero necesitamos más presencia del Estado. La frontera tiene que estar blindada: no podemos permitir que se convierta en la puerta de salida de quienes delinquen en La Guajira”, afirmó.
El debate contó con la presencia de representantes de los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Hacienda, Agricultura e Igualdad, además de entidades como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia de Renovación del Territorio y el Fondo Colombia en Paz.
También fueron invitadas la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
