La ilegalidad no siempre se percibe desde los códigos ni desde las leyes. A veces comienza en la mirada: en el gesto de desconfianza hacia quien lleva la ropa sudada, los zapatos cubiertos de polvo, las uñas marcadas por la grasa y el rostro curtido por el sol de la calle. Empieza en la sospecha que despierta una motocicleta detenida en una esquina, o en ese miedo aprendido que convierte ciertos cuerpos, ciertos oficios y ciertas apariencias en señales anticipadas de peligro.
Alrededor del mototaxismo se ha construido, por ejemplo, un relato moral. Un discurso que no solo cuestiona la actividad, sino también a quienes la ejercen. La motocicleta termina asociada al atraco, a la huida veloz, a la extorsión, al sicariato, al crimen fugaz que desaparece entre callejones y avenidas. Y aunque muchos de esos hechos involucren apenas a una minoría, la sospecha termina extendiéndose sobre todo el gremio. La excepción se convierte, entonces, en identidad colectiva.
Así, la figura del mototaxista queda atrapada entre la necesidad y el estigma. La ciudad lo utiliza, pero al mismo tiempo lo teme. Lo necesita para llegar rápido, para entrar a los barrios donde no llegan taxis ni busetas, para escapar del calor, de las distancias y de la espera; pero también lo señala como amenaza potencial. Esa contradicción cotidiana va trazando una frontera invisible entre quienes son considerados ciudadanos “aceptables” y quienes sobreviven en los márgenes de la legalidad.
Son procesos de estigmatización que terminan naturalizándose. Lo repetido se vuelve verdad social. El rumor adquiere fuerza de certeza. Y la criminalización simbólica empieza a operar incluso dentro del mismo gremio. Los propios mototaxistas hablan de “los otros”: los imprudentes, los recién llegados, los que manejan sin experiencia, los que desprestigian el oficio. De ese modo intentan separar su propia identidad de la imagen negativa que pesa sobre todos. Pero, aun así, terminan compartiendo la misma sombra.
En esa tensión aparece una pregunta que atraviesa silenciosamente toda la ciudad: en Riohacha, ¿cómo se vive la ilegalidad cuando el trabajo informal es la única posibilidad de subsistencia?
Porque el mototaxismo existe en una zona ambigua. Se le combate, pero se le tolera; se le rechaza, pero se le usa diariamente. No existe una ley nacional que tipifique el mototaxismo como delito ni una sanción presidencial que prohíba de manera expresa esta modalidad de transporte. Sin embargo, tampoco existe un reconocimiento jurídico que la legitime plenamente. La actividad queda suspendida en una especie de limbo institucional: visible para todos, aceptada por necesidad y cuestionada por conveniencia.
Por ello, la responsabilidad de enfrentar el fenómeno termina trasladándose a las administraciones locales. Los alcaldes, sus secretarios de gobierno y la dirección de tránsito, cuando lo consideran necesario, restringen horarios, imponen controles, limitan el parrillero o establecen zonas de prohibición, mientras evitan pronunciarse sobre una regulación de fondo.
De hecho, reconocer el mototaxismo implicaría asumir costos políticos, económicos y jurídicos. Negarlo, en cambio, resulta más cómodo dentro del discurso oficial.
Sin embargo, la contradicción persiste. Es innegable que los mototaxistas representan un importante caudal electoral durante las campañas políticas. Por eso, en tiempos de elecciones dejan de ser invisibles. Se convierten en ciudadanos contables, en fuerza social, en votos posibles. Allí, la ilegalidad parece relativizarse frente a la conveniencia política.
La sociedad, entonces, termina resolviendo el problema desde la práctica cotidiana. Cada usuario, cada pasajero, define si la rapidez y el bajo costo pesan más que el temor o la desaprobación social. Y mientras esa decisión individual continúe inclinándose hacia la utilidad, el mototaxismo seguirá ocupando las calles de Riohacha y de muchas ciudades del país.
El propio Estado colombiano refleja esa ambigüedad. La legislación tributaria concede beneficios que terminan favoreciendo, de manera indirecta, la expansión de este medio de transporte. Las motocicletas de bajo cilindraje —inferiores a 125 c. c.— permanecen exentas del impuesto de rodamiento, lo que facilita su adquisición y multiplica su uso como herramienta de trabajo. La paradoja resulta evidente: mientras una parte del Estado combate el mototaxismo, otra contribuye silenciosamente a su crecimiento.
Así, la motocicleta termina convertida en símbolo de una ciudad atravesada por contradicciones. Es vehículo de movilidad y de sospecha; instrumento de trabajo y señal de marginalidad; medio de supervivencia para unos y amenaza para otros. En ella convergen las fracturas sociales de Riohacha: pobreza, desempleo, informalidad, miedo y abandono institucional.
La ilegalidad, entonces, no reside únicamente en el acto de transportar pasajeros. También habita en las grietas históricas de una ciudad que no ha logrado ofrecer suficientes oportunidades para que miles de personas puedan vivir fuera de la intemperie económica.
