En el desierto guajiro, donde pronto girarán las aspas de nuevos parques eólicos, se ha instalado una realidad que incomoda a inversionistas, funcionarios y ciudadanos por igual: la percepción de que el territorio se rige por reglas paralelas. No hablamos de una categoría jurídica formal, sino de una metáfora política que refleja un profundo vacío institucional. Cuando el Estado brilla por su ausencia y las empresas negocian en la informalidad, surge la inquietud sobre si estamos siendo testigos de la configuración de un “paraestado” de facto. Es un término provocador, pero necesario para nombrar una tensión que nadie quiere resolver de fondo y que amenaza con descarrilar el futuro de la región.
La Guajira se ha consolidado como el epicentro de la transición energética y la explotación de recursos estratégicos en Colombia. Sin embargo, la llegada masiva de proyectos de infraestructura, minería, puertos y turismo a territorios ancestralmente wayuu ha chocado con una realidad ineludible: la tierra tiene dueños, historia, cosmovisión y autoridades. Históricamente, el pueblo wayuu ha sufrido despojo, exclusión, marginación y decisiones unilaterales que han vulnerado su entorno. Mientras los megaproyectos prometen progreso a nivel nacional, muchas comunidades aún carecen de acceso garantizado al agua potable y a servicios básicos. Exigir respeto, participación y reparación no es un obstáculo para el desarrollo; es la mínima garantía de una deuda histórica que el país apenas empieza a saldar. Pero hay una línea delgada, cada vez más difusa, entre el legítimo ejercicio de la autonomía y la imposición de condiciones económicas unilaterales que terminan por fragmentar el tejido social y judicializar la inversión.
Para navegar esta tensión sin caer en el estigma ni en la ingenuidad, debemos separar las aguas con rigor. La Constitución Política de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, desarrollados por una robusta y protectora jurisprudencia de la Corte Constitucional, blindan los derechos colectivos, la autonomía y el gobierno propio. La consulta previa es un derecho fundamental y un mecanismo de participación democrática, no una licencia comercial ni un peaje. Existe una abismal diferencia entre las legítimas compensaciones, medidas de manejo ambiental e inversión social derivadas de una consulta de buena fe, y los cobros arbitrarios por acceso, tránsito o “permisos” que algunos particulares exigen a empresas y ciudadanos. Confundir estos conceptos es un error que paga caro el territorio.
Aquí es donde el debate se vuelve incómodo y urgente. En diversos escenarios se ha denunciado la existencia de retenciones, cobros y exigencias de contraprestaciones por parte de personas que se atribuyen una representación comunitaria que no siempre está respaldada por las autoridades tradicionales legítimas. Cuando una empresa privada, ante la debilidad institucional, decide negociar directamente con líderes fragmentados para “evitar problemas” o “agilizar trámites”, no solo está vulnerando la seguridad jurídica; está financiando la extralimitación y, en el peor de los casos, alentando la figura de intermediarios que mercantilizan el derecho fundamental a la consulta. Se crea así una gobernanza paralela donde no hay claridad sobre quién tiene la potestad de autorizar, restringir o cobrar, generando conflictos internos que desgarran a las propias comunidades.
Este panorama nos obliga a formular preguntas incómodas que deben resonar en los despachos de Riohacha y Bogotá. ¿Quién gobierna realmente el territorio cuando el Estado llega tarde, o cuando solo llega a firmar acuerdos bajo la presión del bloqueo? ¿Dónde termina la legítima autonomía indígena y dónde comienza la extralimitación que afecta el interés general, la movilidad y la economía regional? ¿Puede existir desarrollo sin consulta? Por supuesto que sí, la consulta es el camino democrático. ¿Puede existir desarrollo contra el territorio y sus comunidades? Esa es otra discusión, y la historia nos ha enseñado que ese camino solo conduce al conflicto y a la tragedia.
La responsabilidad de resolver este entuerto no recae sobre las comunidades, sino sobre el Estado colombiano. Garantizar simultáneamente los derechos indígenas, el interés general y la seguridad jurídica es el deber ineludible de la Nación. Este propósito exige que el Ministerio del Interior, la Gobernación de La Guajira, las alcaldías y las autoridades ambientales asuman su rol con firmeza. No se trata de criminalizar la protesta ni de desconocer la jurisdicción indígena, sino de fortalecer a las autoridades tradicionales legítimas, evitar que terceros hablen en nombre de las comunidades y exigir transparencia absoluta en los acuerdos económicos, sometiendo los recursos a los controles fiscales y disciplinarios correspondientes. El Estado no puede ser un espectador que solo actúa cuando hay crisis; debe ser el garante que ordena el territorio.
La salida institucional pasa ineludiblemente por construir un nuevo pacto territorial para La Guajira. Un pacto basado en derechos, reglas claras, participación real y respeto mutuo. Las empresas deben entender que la licencia social no se compra con cheques a líderes aislados, sino que se construye con las comunidades enteras, respetando sus tiempos y sus formas de organización, sin caer en la asimetría de poder. Y las autoridades locales y nacionales deben dejar de improvisar para empezar a institucionalizar la presencia del Estado en cada rincón del departamento, asegurando que los beneficios de los proyectos se traduzcan en bienestar real y no en divisiones internas.
La Guajira no puede seguir siendo un laboratorio donde la improvisación y el miedo reemplacen a la institucionalidad. Reconocer la autonomía wayuu es un deber moral y legal ineludible, pero permitir que el vacío estatal sea llenado por imposiciones unilaterales es un fracaso estrepitoso de la República. El desarrollo económico y la diversidad cultural no están reñidos, pero exigen reglas de juego claras, audibles y respetadas por todos. Porque en un Estado Social de Derecho, el territorio no se gobierna con peajes ni con la fuerza de la improvisación; se administra con justicia, con ley y con respeto mutuo.
