En Cumbre de Seguridad Urbana adelantada en la ciudad de Barranquilla.
En el marco de la Cumbre de Seguridad Urbana realizado en la ciudad de Barranquilla, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, reafirmó que la estrategia de seguridad de su Gobierno estará orientada a desarticular de manera integral las organizaciones criminales que operan en el país.
El mandatario aseguró que la ofensiva no se limitará a la captura de delincuentes, sino que buscará atacar todos los componentes que sostienen a estas estructuras ilegales.
Entre las prioridades estarán la persecución de sus fuentes de financiación, el desmantelamiento de las redes de lavado de activos, el combate a los mecanismos de reclutamiento y la identificación de los vínculos de corrupción que facilitan su funcionamiento.
De La Espriella señaló que el objetivo de la nueva política de seguridad será debilitar la capacidad operativa y económica de las organizaciones criminales, mediante una acción coordinada entre las autoridades y el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación judicial y la presencia institucional en todo el territorio nacional. Según indicó, estas medidas comenzarán a implementarse con el inicio de su mandato, el próximo 7 de agosto.
Asimismo, el presidente electo enfatizó que la recuperación de la seguridad requiere un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, las administraciones locales, la Fuerza Pública, la Fiscalía y los organismos de inteligencia. En ese sentido, señaló que la coordinación institucional será uno de los pilares de su estrategia para responder de manera más rápida y efectiva a las amenazas que enfrentan las diferentes regiones del país.
Finalmente, De La Espriella reiteró que su administración buscará restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones mediante una política de autoridad respaldada por acciones concretas. Indicó que el propósito es garantizar que los colombianos puedan desarrollar sus actividades diarias con tranquilidad, fortalecer el control del Estado sobre el territorio y cerrar los espacios de acción de las organizaciones criminales que afectan la seguridad y la convivencia.
