Continuando con mi recorrido por la Altillanura, después de visitar diversos proyectos agroindustriales y conversar con empresarios, técnicos y trabajadores, confirmé algo que Colombia no puede seguir postergando: el próximo presidente de la República, sea quien sea, deberá asumir con total seriedad el desarrollo agrícola e industrial de esta región estratégica.
La producción de alimentos, la generación de empleo, la creación de riqueza y la seguridad alimentaria no son asuntos ideológicos ni debates burocráticos. Son responsabilidades constitucionales que trascienden cualquier color político. La Altillanura no necesita discursos; necesita decisiones. Y, sobre todo, liderazgo para convertir su enorme potencial en una realidad productiva que beneficie a todo el país. Tal como lo anuncié, presento hoy tres propuestas que, a mi juicio, pueden encender definitivamente el motor agrícola e industrial de la Altillanura.
El primer requisito es la infraestructura. El próximo gobierno debe garantizar un paquete de inversión multianual para terminar los 728 kilómetros del terraplén estructural que articula el eje Puerto Gaitán–Puerto Carreño, columna vertebral de la movilidad productiva de la región. Faltan por completar los tramos entre Puente Arimena (69 km), El Viento (62 km), Inspección San Teodoro (132 km), Inspección Santa Cecilia (150 km), Cruce Ruta 4015 (218 km), Caño Juripe y Puerto Carreño (97 km).
Este corredor no es una obra más: es la condición habilitante para reducir costos logísticos, atraer inversiones de escala, consolidar encadenamientos agroindustriales y garantizar la salida eficiente de la producción hacia mercados internos y externos. Sin esta vía estructural, cualquier apuesta por expandir la frontera agrícola —soya, maíz, caña, palma y ganadería en más de 2 millones de hectáreas— seguirá siendo retórica sin posibilidad real de implementación.
El segundo compromiso ineludible del próximo presidente es garantizar seguridad jurídica para la propiedad y la inversión. Ningún proyecto agroindustrial de largo plazo despega sin reglas claras y estables. Por eso se requiere una reglamentación especial que excluya a la Orinoquia y a la Altillanura de las restricciones de área impuestas por la UAF, un marco que, aunque bien intencionado, resulta incompatible con la escala productiva que exige esta región. La solución es un modelo híbrido: concesiones o arrendamientos a 30 años de predios baldíos o de falsa tradición, con obligaciones verificables de inversión, inclusión productiva y alianzas con pequeños productores.
El tercer compromiso es un paquete integral de incentivos para la industrialización, la innovación y el financiamiento. La región necesita instituciones y ciencia. Instalar un Centro de Investigación y Transferencia Tecnológico en convenio con EMBRAPA (Brasil) sería un salto estructural. También se requiere impulsar con la industria cementera plantas de cal dolomita —clave para corregir la acidez del suelo— con capacidad para atender dos millones de toneladas anuales. En materia financiera, el Estado debe ofrecer garantías parciales a fondos internacionales y banca multilateral para bajar tasas de interés y crear un Fondo Parafiscal Agroindustrial, cuyo recaudo sea exclusivo para infraestructura, vivienda rural y tecnologías. Nada de burocracia gremial.
Y un punto final: este programa necesita un doliente en la Casa de Nariño. Sin liderazgo presidencial, la Altillanura seguirá aplazada. Con liderazgo, será el mayor proyecto de desarrollo territorial del siglo XXI.
