El Departamento de La Guajira y el Distrito de Riohacha lograron recuperar dos predios fiscales que habían sido objeto de ocupación y reclamaciones sin sustento jurídico por parte de una ciudadana que buscó legalizarlos mediante escrituras privadas de dudosa legitimidad y menor antigüedad.
La decisión fue emitida por la Inspección Central de Policía de Riohacha, dirigida por el abogado José Barragán Peralta, luego de culminar un proceso administrativo en el que se garantizó la participación y el derecho a defensa de las partes implicadas.
De acuerdo con el despacho, entre 2019 y 2025 se registraron al menos cuatro intentos de apropiación sobre los terrenos, uno perteneciente al nivel departamental y el otro al distrital. Ambos predios se encuentran contiguos y poseen un alto valor estratégico por su ubicación y proyección económica. Durante ese periodo, las autoridades frenaron las ocupaciones al no existir documentos válidos que acreditaran dominio privado.
En marzo de 2025, la Gobernación presentó una querella policiva por perturbación de bien fiscal, hecho que permitió iniciar un procedimiento formal con notificaciones, audiencias y la realización de un peritaje técnico especializado solicitado por el despacho y por las partes involucradas.
El análisis técnico determinó que la ciudadana sí posee un predio, pero sin acceso directo a la vía pública, lo que habría motivado la intención de anexar los dos lotes fiscales colindantes para obtener salida hacia la calle 9A. No obstante, no logró acreditar propiedad ni antigüedad suficiente de los documentos presentados.
El inspector Barragán señaló que, en las condiciones actuales, la vía legal para la propietaria sería ofrecer su lote al Estado con el fin de recuperar parte de su inversión. Respecto del predio del Distrito, también se concluyó que carece de acceso a vía pública, razón por la cual se recomendó su transferencia al Departamento, entidad que manifestó interés en ampliar el área contigua bajo su administración.
Con esta actuación, las autoridades ratificaron acciones orientadas a proteger bienes fiscales y evitar ocupaciones irregulares que afecten el patrimonio público en Riohacha.
