Edicion abril 14, 2026

Los “contrataderos” disfrazados de fundaciones

Los "contrataderos" disfrazados de fundaciones
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Columnista - Luis Alonso Colmenares Rodríguez
Columnista – Luis Alonso Colmenares Rodríguez

Hace tiempo quería escribir esto: el gran saqueo de lo público. Lo he callado lo suficiente. Y lo digo sin anestesia, porque ya no caben más eufemismos sobre la manera en que se roban la plata que debería resolver los problemas más urgentes.

Existe una modalidad de corrupción institucionalizada, protegida por la ley, bendecida por la negligencia de los órganos de control y aplaudida en silencio por quienes se benefician de ella. Se llama contratación directa con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), y se ha convertido en el camino más corto, más fácil y más impune para saquear el presupuesto público.

Déjenme poner datos concretos. En mi pueblo, el municipio de Villanueva (La Guajira), entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de marzo de 2026 la Alcaldía Municipal suscribió nada menos que 63 contratos con 19 entidades sin ánimo de lucro, por un valor agregado que supera los $2.200 millones. Todos los datos están en SECOP, públicos, verificables, al alcance de cualquier ciudadano.

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¿Y qué hacen esas fundaciones? De todo. Y al decir todo, es en serio: una misma fundación, que tiene el mismo representante legal, aparece contratada para organizar el Carnaval, luego para vacunar animales contra la encefalitis equina, luego para capacitar madres cabeza de hogar en emprendimiento, luego para elaborar políticas públicas de salud mental, y además para fortalecer el sector agropecuario. El mismo círculo de contratación directa repetido una y otra vez, año tras año, sin licitación, sin concurso, sin competencia, sin transparencia.

Eso no es una fundación. Eso es un contratadero. Una figura de papel creada con el único propósito de habilitar la contratación directa y saltarse todos los filtros que el ordenamiento jurídico creó para proteger el erario. Son fundaciones que no tienen historial de ejecución real, que no tienen capacidad técnica demostrada, que nunca han hecho nada porque en estricto sentido no saben hacer nada, y existen únicamente para facturar los recursos que las alcaldías y la gobernación quiere entregar sin rendir cuentas a nadie. En La Guajira hay familias que tienen registradas hasta cincuenta fundaciones para contratar.

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El mecanismo es diabólicamente sencillo. El Decreto 092 de 2017 y la modalidad de contratación directa por “servicios profesionales y apoyo a la gestión” se convirtieron en la llave maestra de la corrupción.

Basta constituir una ESAL, registrarla en la Cámara de Comercio con un objeto social tan amplio que cubra desde un alfiler hasta un misil, y esperar que el alcalde amigo firme el primer contrato. A partir de ahí, la rueda no para. Un contrato genera otro. Y otro. Y otro. Sin licitación. Sin competencia. Sin explicación.

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En mi condición de Veedor Ciudadano exijo que la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General pongan su lupa sobre este fenómeno de manera sistemática y urgente en todo el territorio nacional, porque en Villanueva no encontré una anomalía: es el modelo. Es la regla. Y el SECOP lo demuestra donde alguien se tome el trabajo de buscar.

Pero sobre todo, me dirijo al Congreso de la República que se instala el próximo 20 de julio: tienen la obligación histórica de cerrar este portillo legal. La reforma al régimen de contratación estatal y al Estatuto Tributario en lo que respecta al tratamiento preferencial de las ESAL no puede esperar más. Se necesitan con urgencia normas que establezcan: topes estrictos a la contratación directa con ESAL, requisitos mínimos de trayectoria “y de reconocida idoneidad” a la que se refiere el decreto 092, régimen de inhabilidades cruzadas con funcionarios contratantes, y régimen tributario que exija a las ESAL demostrar que su objeto social es real y no una pantalla.

No estoy pidiendo que acaben con las organizaciones sociales legítimas que trabajan de verdad en los territorios, sino que se acabe la impunidad de los simulacros y la posibilidad de que cualquier político de pueblo se lleve la plata de todos con su propia fundación de bolsillo sin que nadie lo detenga. Mientras ese dinero se pierde en contratos amañados. No hay eufemismo posible para eso.

Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…” @LColmenaresR

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