Familia Rojas Ramírez expuso su versión
Franklin Juscelino Rojas Ramírez, tío del fiscal Rafael Francisco Rojas Orcasitas y vocero de la familia Rojas Ramírez, difundió un comunicado en el que cuestionó la actuación del funcionario en la disputa por el lote San Ramón, ubicado en Riohacha. En el documento, lo señaló de utilizar su cargo para relacionar el predio con el narcotráfico y presionar a integrantes de la familia, directivos de la Universidad de La Guajira y funcionarios judiciales.
El pronunciamiento se relaciona con el conflicto por el mismo inmueble que llevó al rector de Uniguajira, Carlos Arturo Robles Julio, a denunciar a Rojas Orcasitas y al empresario Eddie José Gnecco. En septiembre de 2025, Robles informó que había presentado una denuncia por presuntos hechos de extorsión, persecución y uso irregular de instituciones del Estado con fines particulares. Según la versión del rector, los señalamientos estaban vinculados a una propuesta para que la Universidad adquiriera el lote.
En el comunicado familiar, Rojas Ramírez sostuvo que la recuperación jurídica y material del inmueble fue resultado de un litigio que la familia adelantó y financió durante más de una década. El documento identifica el proceso con el número 2013-0124, tramitado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, y afirma que el desalojo se realizó en cumplimiento de decisiones judiciales.
Según los firmantes, Rojas Orcasitas participó en la logística de la diligencia de desalojo en calidad de funcionario público, pero no gestionó la recuperación del predio. La familia afirmó que, después de esa actuación, el fiscal habría intentado asumir la posesión e impulsar proyectos personales y comerciales en el lote, sin autorización de los demás propietarios. También aseguró que se negó a otorgarle un poder para vender el inmueble.
El documento indica que la propiedad está distribuida entre la sociedad Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S., con el 52,99 %; la Universidad de La Guajira, con el 30,3046 %; y Rafael Rojas Orcasitas, con el 16,66 %. La familia afirmó que este último porcentaje fue adquirido de su padre en mayo de 2023 por 10 millones de pesos. Sin embargo, las participaciones consignadas suman 99,9546 %, por lo que la cifra requiere aclaración.
Los firmantes también cuestionaron actuaciones relacionadas con honorarios de un abogado y otras reclamaciones judiciales. En el comunicado se señala que, durante una reunión celebrada el 28 de noviembre de 2023, Rojas Orcasitas habría hablado de una inversión de 800 millones de pesos en la diligencia de desalojo. Además, la familia expuso una controversia sobre honorarios que, según el documento, se tramita ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso 11001310302620250020700.
La familia aseguró que, después de la recuperación del predio, recibió amenazas y fue objeto de seguimientos. A la vez, sostuvo que durante el desalojo se respetaron los procedimientos judiciales y los derechos de las personas que ocupaban el inmueble. El comunicado afirma que no hubo desplazamiento en esa diligencia, mientras que el vocero manifiesta que las amenazas posteriores lo obligaron a salir de Riohacha.
Los firmantes indicaron que el proceso divisorio para poner fin al estado de indivisión del lote se encuentra en trámite ante el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Riohacha. También rechazaron lo que calificaron como intimidaciones y un “montaje judicial”.
