En el proyecto de gasificación Chuchupa–Ballenas
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el directivo habría intervenido en dos reuniones realizadas entre agosto y septiembre de 2024, en las que presuntamente ordenó al presidente de una filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa–Ballenas, iniciativa que se desarrollaría en La Guajira.
Según la investigación, en atención a esa directriz, en enero de 2025 el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial y aceptó establecer un memorando de negociación con la empresa del particular señalado. Posteriormente, delegados de la compañía realizaron visitas técnicas y otros trámites; sin embargo, el contrato no se concretó debido a la suspensión de la iniciativa.
La presunta intervención ilegal de Roa Barragán estaría relacionada con el posible interés en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, inmueble que le habría sido vendido por la persona que se buscaba beneficiar con el proyecto de gasificación. La transacción, realizada a través de una inmobiliaria, se habría pactado por debajo del valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses.
Durante la diligencia judicial, el presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo formulado por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía.
