En la Constitución Política se adoptó la democracia participativa, la cual debe ser valorada como la oportunidad de que los ciudadanos controlen el ejercicio del poder. Por ello, los gobernantes deben estar dispuestos a que sus obras y acciones sean escrutadas y a responder por sus actos.
En los municipios de La Guajira, especialmente en aquellos protegidos por la Sentencia T-302 de 2017, luego de elaborados y aprobados los planes de desarrollo territoriales, es de vital importancia el control ciudadano en la ejecución y la rendición de cuentas, tal como lo orienta la Ley 152 de 1994. Este control es crucial para asegurar que los proyectos y programas diseñados respondan a las necesidades de la población y se ejecuten de manera efectiva y transparente.
El control ciudadano en la ejecución de los planes de desarrollo territoriales está regulado por la Ley 152 de 1994, la cual establece los lineamientos para la elaboración, adopción, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo en Colombia. Uno de los aspectos fundamentales de esta ley es promover la participación activa de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de planificación y ejecución territorial. Esto no solo fortalece la legitimidad de las decisiones y acciones gubernamentales, sino que también enriquece la calidad y pertinencia de los proyectos implementados.
Por lo tanto, la sociedad civil tiene un rol preponderante en el control y seguimiento, como vigilante y garante de que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la comunidad. De acuerdo con los planes de desarrollo aprobados y sus mecanismos de seguimiento y evaluación propuestos, se requiere que la población beneficiaria en los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y el Distrito de Riohacha participe activamente en la ejecución de los programas y proyectos a través de mecanismos como las asambleas, cabildos abiertos y en la rendición de cuentas programadas por los entes territoriales. Estos espacios no solo permiten la planificación conjunta de actividades, sino que también facilitan el seguimiento continuo de los avances y la evaluación de resultados.
La población sujeta de los planes de desarrollo debe ser la protagonista de la ejecución de las actividades consignadas en los documentos. Durante la ejecución, se debe establecer un Plan Operativo Anual (POA) en función de un cronograma establecido con las comunidades. Las actividades se deben concertar previamente en grandes asambleas, que es el mecanismo propio de la sociedad civil para asegurar su asistencia e interés. Es muy importante hacer una planificación con todas las secretarías y dependencias de los entes territoriales, de cara a distribuir responsabilidades entre estas, la entidad ejecutora y los aliados estratégicos.
El Departamento Nacional de Planeación establece los ciclos de planificación territorial que incluyen etapas de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Es durante estas fases donde la sociedad civil puede y debe intervenir activamente para garantizar que los objetivos planteados se cumplan y que las estrategias sean ajustadas según las necesidades y realidades locales.
Es muy importante tener una metodología interactiva, participativa e intercultural para facilitar un aprendizaje más vivencial y cercano entre la población y los entes territoriales. Esto no solo mejora la eficacia de las intervenciones, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad de la comunidad en la ejecución de los planes.
Los procesos de evaluación, vinculados a resultados e indicadores desde el inicio de los planes, son esenciales para verificar el impacto real de las intervenciones. La participación de los beneficiarios y de la sociedad civil en general en estas evaluaciones asegura que se tomen en cuenta diversas perspectivas y se implementen ajustes necesarios para mejorar los resultados.
Finalmente, este involucramiento no solo fortalece la democracia participativa, sino que también asegura que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de las comunidades locales. El control ciudadano, ejercido a través de mecanismos como asambleas, seguimientos periódicos y evaluaciones participativas, es crucial para el éxito y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo territorial en el país.
Este enfoque no solo fortalece la ejecución de los planes, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde los ciudadanos son actores activos en la transformación de sus propias realidades locales.
