Sí, así parece. La Guajira será golpeada de nuevo por el centralismo gubernamental. Y lo será porque la propuesta para que la Costa Caribe subsidie el transporte de gas natural para Bogotá y el interior del país probablemente será reglamentada por la CREG.
No se puede negar que La Guajira es el departamento donde nació la industria de gas natural, pero está próxima a ser víctima de una propuesta publicada por la CREG que consiste en que la Costa Caribe pague más para subsidiar la distancia entre los campos de producción y Bogotá, así como el interior del país. En palabras sencillas, los usuarios de La Guajira, que en su mayoría son de estratos 1 y 2 y que viven en el departamento con los mayores indicadores de pobreza monetaria y multidimensional, verían incrementado el costo de transporte de gas hasta cinco veces más. Este incremento se trasladaría de forma directa a los guajiros en la factura de gas natural, lo que representa un incremento del 12% en la factura de gas ($3.500 por mes), empobreciendo aún más a los guajiros, incrementando la brecha económica y disminuyendo el desarrollo y la calidad de vida de los guajiros.
¿Dónde está la protección del gobierno nacional? ¿Dónde está la representación de la voz guajira en las altas cumbres de nuestro país? ¿Dónde está el interés de proteger a los guajiros y ayudarnos a salir del hambre y la pobreza? ¿Dónde están los seis congresistas que hoy se jactan de ser guajiros?
Señor Presidente y señor Ministro, La Guajira no aguanta más costos de vida. El gas natural es un servicio público que brinda calidad de vida, salud y mejoras en nuestros hogares. Necesitamos ser representados y defendidos ante esta propuesta centralista y abusiva.
La injusticia de esta propuesta se hace aún más evidente cuando se desconoce la historia y la contribución de La Guajira al desarrollo energético del país. Durante décadas, los campos de Chuchupa y Ballena han sido pilares fundamentales en el suministro de gas natural, no solo para la región Caribe sino para toda Colombia. Es inaceptable que, después de haber sido la fuente de este recurso vital, los habitantes de La Guajira sean ahora los que deban soportar una carga económica desproporcionada.
La propuesta de la CREG, basada en el estudio de VANTI S.A. E.S.P., ignora la realidad socioeconómica de los guajiros. El incremento en el costo del transporte de gas natural no es solo un número en un papel; representa una amenaza directa al bienestar de miles de familias que ya luchan día a día para satisfacer sus necesidades más elementales. Además, esta medida contradice los principios de equidad y justicia social que deben regir las políticas públicas. No es justo que los beneficios del gas natural sean disfrutados por las regiones del interior a expensas del sacrificio de los costeños. La solidaridad interregional no puede significar la imposición de cargas injustas a los más vulnerables.
Es hora de que el gobierno nacional reconozca la deuda histórica con La Guajira y busque soluciones que promuevan el desarrollo equitativo y sostenible. Es fundamental realizar un análisis exhaustivo y transparente de las implicaciones económicas y sociales de la propuesta de agregación de tramos en el Sistema de Transporte Nacional. Se deben considerar alternativas que no solo sean eficientes desde el punto de vista económico, sino que también sean justas y equitativas para todas las regiones involucradas. La Guajira merece una compensación justa por los años de contribución al sector energético del país y no ser relegada a una posición de desventaja.
Por todo lo anterior, hago un llamado urgente al gobierno nacional para que reconsidere esta propuesta y busque un esquema que garantice la sostenibilidad y la equidad en el suministro de gas natural. Se deben establecer mecanismos que aseguren que los costos sean compartidos de manera justa y que no recaigan desproporcionadamente sobre los que menos pueden soportarlos. La Guajira y sus habitantes no deben ser olvidados en la ecuación del progreso nacional. Es hora de que su voz sea escuchada y que se tomen medidas concretas para proteger sus derechos y promover su desarrollo. La solidaridad no debe ser una palabra vacía, sino una práctica constante en la gestión de los recursos y servicios públicos del país.
Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
