El último cargo público que ocupé en mi vida profesional, fue por allá en el 2003, cuando fui nombrado asesor técnico la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. La ley 16 de 1990, estableció que la Secretaría Técnica, del órgano rector de la política de crédito agropecuario sería ejercida por Finagro, a través de un asesor con experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural, nombrado por el Presidente de la República. Al poco tiempo, tuve que retirarme del cargo por diferencias de criterio con el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
Recuerdo que para esa época, Finagro, era la “joya de la corona” de todas las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura. Los presidentes eran designados desde Palacio de Nariño, previo a un riguroso proceso de escogencia por parte de los ministros de Agricultura y de Hacienda, Función Pública y la Superintendencia Bancaria. La dirección y administración de Finagro, siempre ha estado a cargo de la Asamblea de accionistas, la Junta Directiva y el Presidente de la entidad, como su representante legal. Los accionistas son el ministerio de Hacienda, Banco Agrario, BBVA, Davivienda y el fondo de empleados.
Cuando se creó Finagro, se estableció por ley, que en la Junta Directiva, tuvieran asientos el Ministro de Agricultura o su delegado, un representante de los gremios del sector agropecuario, un representante de las asociaciones campesinas y el Director de Comercialización y Financiamiento del Ministerio de Agricultura, con voz pero sin voto. En esa época, Finagro era una entidad netamente técnica por fuera de los intereses políticos e ideológicos, enfocado en los créditos de fomento para las inversiones en siembras, compra de ganado vacuno, mejoramiento de infraestructura de riego, compra de maquinaria agrícola y agro insumos, entre otros.
Durante los últimos años, hemos visto que las cosas han cambiado. Finagro pasó de ser el Fondo de Fomento Agropecuario de los productores del campo, a ser una entidad que se canjea por votos de grupitos de congresistas de partidos políticos que están dentro de la colación del gobierno de turno. Pasó de ser el banco de segundo piso que apalancaba con recursos de “arranque” visionarios proyectos agroindustriales de asociaciones de pequeños y medianos productores, a otorgar inventivos y créditos subsidiados, sin criterios técnicos y de forma arbitraria, que terminan siniestrados o desviados a otros destinos distintos a los señalados por las normas.
Es lamentable que ningún gremio agropecuario u organismos fiscal, haya realizado un estudio o auditoría, sobre el poco o nulo impacto que ha tenido el crédito de Finagro, los subsidios e incentivos en la productividad y crecimiento del sector agropecuario del país. Y es aún más lamentable, que nadie haya tomado alguna medida para desconcentrar el crédito de fomento agropecuario. Según las recientes estadísticas de Finagro, de cada $100 que se prestan al sector agropecuario, $75 van a los grandes conglomerados industriales y sólo el 25% van a los medianos y pequeños productores. Más de 2 millones de agricultores no existen para el sistema financiero.
Con este preocupante panorama, el Congreso de la República y los gremios de la producción agropecuaria, deberían replantear la política del crédito de fomento agropecuario.
